La Contraloría General identificó irregularidades en los procedimientos de selección convocados por funcionarios del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), que depende del Gobierno Regional (GORE) de Piura, y la suscripción de contratos que suman más de S/ 3 millones para consultorías relacionadas a estudios en canales de riego.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 026-2022-2-5349-AC, que abarca los procesos de contratación convocados entre el periodo 01 de marzo a 31 de diciembre de 2021, el Órgano de Control Institucional (OCI) del GORE evidenció que los funcionarios a cargo de la conducción de estos procedimientos admitieron y otorgaron buena pro, pese a que los postores no cumplieron con acreditar requisitos de admisión y calificación, lo que llevó a la suscripción de contratos.
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Se trata de servicios de consultoría para la elaboración de los estudios de preinversión a nivel de perfil en los proyectos de mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego de los sub sectores Sancor, Vicús, Yapatera y Charanal, en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón.
Entre los requisitos no acreditados por los postores tenemos: capacitación de los especialistas en geología y geotecnia, hidrogeología, diseño estructural, metrados, costos y presupuesto, experiencia mínima de tres años del especialista social y porcentaje mínimo de participación en consorcio.
Responsabilidad penal
Asimismo, el equipo de auditores detectó que el especialista de abastecimiento y adquisición de bienes del Órgano Encargado de la Contrataciones permitió la suscripción de contratos, a pesar de que el personal clave propuesto se encontraba comprometido en la ejecución de otro servicio previo con la misma entidad. Además, no efectuó el procedimiento de fiscalización posterior, lo cual impidió identificar la documentación inexacta.
De otro lado, se concluyó que los procesos de suscripción de contratos no son adecuados, más aún para los casos en que a un mismo postor se le puede adjudicar varios contratos en el Peihap, pues no se cuenta con una base de datos o archivo de información que le permita realizar una trazabilidad de información que acredite el cumplimiento de lo requerido por el área usuaria.
El OCI identificó responsabilidad penal en cuatro miembros de los comités de selección. También determinó responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría contra estas personas.
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