El Gobierno Regional de Piura se está rehusando a aprobar cuatro contrataciones directas por la emergencia por la COVID-19, valorizadas en, aproximadamente, S/2 millones.
Estas contrataciones corresponden a la adquisición de dos incubadoras neonatales UCI para el hospital de Apoyo I de Chulucanas y el suministro de oxígeno medicinal para los pacientes COVID del Hospital Santa Rosa II, además, de la adquisición de 157 unidades de reguladores para balones de oxígeno, cuatro manómetros, flujómetro y frasco unificador para la jurisdicción de la Subregión de Salud Luciano Castillo Colonna; y la adquisición de insumos y material médico, como equipos de protección personal, para el área de COVID.
Así lo dio a conocer el consejero por Piura, José Morey, quien, además, indicó que hasta el momento, el GORE no ha presentado al Consejo Regional los documentos que avalen dichas contrataciones. De no concretarse éstas, se podría poner en riesgo la atención de los pacientes con COVID y personal de salud.
Nuevo decreto
En otro momento, Morey explicó que antes era el Consejo Regional el que evaluaba y aprobaba las contrataciones directas por emergencia, pero luego de que se publicara el Decreto de Urgencia 102, es competencia del gobernador Servando García hacer ese trabajo.
“En el sistema no ha aparecido ninguna contratación directa hasta ahora, los informes de las contratación que haga el Gobierno Regional deben ser remitidos al Consejo Regional para una rendición de cuentas; eso dice la norma, a pesar de que ya no es nuestra competencia aprobar las contrataciones”, expresó el consejero.
Informe
El consejero José Lecarnaqué indicó que esperarán esta semana a que las áreas competentes del GORE regularicen los documentos; en caso contrario, evaluarán denunciar a los funcionarios, incluyendo al gobernador, por omisión de funciones.
“Si ya se regularizó la aprobación, deberán sustentarla porque en algunas contrataciones el plazo de pago a los proveedores ya venció”, dijo
Asimismo, el consejero precisó que el gobernador ya ha presentado un informe a la Comisión de Fiscalización sobre su presunta ausencia y están a la espera de las conclusiones. “Le hemos dado un plazo extra de diez días a la comisión”.
Datos
* Ante la falta de la aprobación de contratación directa para mitigar los efectos de la COVID-19 en la región, el Consejo Regional acudió a la OSCE para que esclarezca el tema al GORE, y así acelerar la atención a estas solicitudes urgentes para la población y la lucha contra el COVID-19.
