La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República. Según el documento, al mandatario se le acusa de presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Al respecto, el abogado constitucionalista y docente de la Udep, Carlos Hakansson, sostuvo que los motivos de dicha acusación no están contemplados en el artículo 117 de la Constitución por lo que sería declarada improcedente.
“Si bien el artículo 99 nos dice que puede ser acusado, pero solo para el caso del presidente se restringe el número de casos en los cuales puede ser acusado ante el Congreso y en ninguno aparece lo que señala la Fiscal de la Nación”, señaló.
Es decir, el presidente sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
En este contexto, Hakansson mostró su preocupación porque si la acusación constitucional presentada no prospera, dará lugar a que la población culpe al Congreso de no tomar cartas en el asunto.
Sin embargo, el especialista consideró que los argumentos que respaldan esta denuncia podrían dar lugar a que se tramita una nueva vacancia presidencial.
“La Fiscal lo que ha hecho es mostrar un conjunto de indicios que puedan servir de material al Congreso para plantear una vacancia presidencial”, dijo.
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A su criterio, primero se debería identificar a todos los congresistas sindicados como “Los niños” para que al momento de votar tengan una presión detrás por parte de la ciudadanía.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Lucas Ghersi, afirmó que si bien es cierto que constitucionalmente no se puede acusar al presidente con el objetivo de destituirlo, la Fiscal de la Nación respalda su acusación en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que daría viabilidad a lo propuesto.
“Lo que está diciendo la Fiscal de la Nación es que es importante luchar contra la corrupción que debemos aplicar un tratado internacional y no el artículo 117 de la Constitución, finalmente quien tendrá que resolver esto es el Congreso de la República”, enfatizó.
Procedimiento
En ese sentido, el procedimiento que se seguiría pasa primero por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se designa a un congresista que sería el ponente, este puede llamar a testigos y recabar más pruebas.
Luego se presenta un informe y si se aprueba pasa a una segunda instancia que es la Comisión Permanente para finalmente tomar una decisión en Pleno. Este trámite duraría entre uno o dos meses.
“Al final, el Pleno del Congreso decide si es que Castillo se queda o si es que se va”, dijo Hakansson.
¿Por que se denuncia al presidente?
Según el documento dado a conocer por el Ministerio Público, al Jefe de Estado se le acusa de liderar una organización criminal, también por tráfico de influencias y colusión.
La denuncia se sustenta en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales.
La estructura de la organización criminal está dividida en un órgano operativo donde estaría involucrados familiares del mandatario, congresistas, el actual Presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres y el Ministro de Justicia Felix Chero.
Alcanza también a los exministros Juan Silva (MTC), Geiner Alvarado (Vivienda) y Walter Ayala (Mindef).
Detenciones y allanamientos
Por otro lado, ayer martes 11 de octubre, fiscales con apoyo de agentes del equipo especial de la PNP llevaron a cabo diversas diligencias a nivel nacional, una de estas fue a la casa de una hermana del mandatario.
Tras conocer el hecho, el presidente calificó esta acción como un hecho abusivo que afectó la salud de su madre, quien se encontraba en la vivienda y fue traslada en ambulancia al hospital Casimiro Ulloa.
Paralelamente, el Ministerio Público intervino en las oficinas y los domicilios de seis legisladores de la bancada de Acción Popular: Elvis Vergara, Ilich López, Darwin Espinoza, Jorge Luis Flores, Juan Carlos Mori, Raúl Felipe Doroteo, sindicados por la colaboradora eficaz Karelim López, como integrantes del grupo ‘Los Niños’.
Asimismo, se dispuso la detención preliminar por diez días contra exasesores de Pedro Castillo, conocidos por ser parte de un ‘Gabinete en las sombras’.
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En el marco de estas diligencias, los detenidos son Biberto Castillo, Auner Vásquez, Eder Vitón, Abel Cabrera y el propietario de la casa ubicada en la calle Sarratea, en Breña, Segundo Sánchez Sánchez, quien hasta el cierre de la edición continúa no habido.
En conferencia de prensa a los medios internacionales, el presidente Castillo respondió a la denuncia constitucional en su contra apelando una vez más a la victimización y poniendo en tela de juicio la objetividad de la Fiscalía de la Nación.
En tanto, el premier Aníbal Torres, señaló que pedirá a la Organización de las Naciones Unidas que se pronuncie al respecto.
“La ONU ha emitido hoy un comunicado, diciendo que el artículo 25 de la Convención contra la Corrupción exige a los Estados tipificar como delitos penales ciertas acciones que interfieran […] Ni el artículo 25 ni el 30 son auto-ejecutables, y tendría que aplicarse la legislación nacional. Voy a solicitar a la ONU que emita una opinión al respecto”, expresó.
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