La Contraloría General de la República (CGR) identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en ocho funcionarios de la Municipalidad Provincial de Piura por favorecer a empresas de transporte público mediante autorizaciones de rutas en vías declaradas saturadas.
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Esta situación evitó la realización de un procedimiento de selección para la concesión de dichas rutas y permitió la prestación del servicio sin que se cumplieran las condiciones generales y específicas de acceso y permanencia.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.º 060-2025-2-0454-AC, que evaluó el periodo del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2025, se otorgaron autorizaciones para el servicio de transporte público regular de personas a empresas privadas, pese a que algunas de estas rutas se encontraban en vías saturadas, las cuales debieron adjudicarse mediante licitación pública, conforme al Plan Regulador de Rutas.
El Reglamento Nacional de Administración de Transporte define como vías saturadas aquellas zonas urbanas donde existe una alta demanda de usuarios o exceso de oferta del servicio, generando congestión vehicular y contaminación ambiental.
Una ordenanza municipal de 2019 declaró como vías saturadas cuatro ejes viales (Av. Cáceres; Av. Sánchez Cerro–Guardia Civil; Av. Grau y Av. Don Bosco) en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. Pese a ello, entre 2024 y 2025 la Gerencia de Transporte y Movilidad Urbana autorizó rutas diametrales 05, 10, 12, 14, 16, 18 y 19 en dichos ejes.
Sin condiciones
Asimismo, se otorgaron autorizaciones para operar en 13 rutas diametrales (5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21) sin que las empresas acreditaran el cumplimiento de las condiciones técnicas, organizativas, jurídicas y operativas exigidas para acceder y permanecer en el servicio.
La comisión auditora detectó que varias empresas no contaban con: flota vehicular óptima o completa, terminal terrestre o zona de estacionamiento con licencia municipal, capacitación a conductores, entre otros requisitos.
El informe advierte también debilidades en el control interno de la Gerencia de Transporte y Movilidad Urbana. Se constató el almacenamiento inadecuado de expedientes, archivadores y cajas con información apiladas en pasadizos y fuera de estanterías, poniendo en riesgo la conservación de documentos oficiales.
Como resultado del control posterior, la Contraloría determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en ocho funcionarios. Por ello, se recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios iniciar las acciones penales correspondientes. La Municipalidad Provincial de Piura deberá, además, iniciar los procedimientos administrativos disciplinarios según corresponda.
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