Sin embargo, estos hechos no aparecen en el registro de hoja de vida presentado por ellos ante el Jurado Electoral Especial de Piura.
Redacción El Tiempo
Entre los 12 candidatos en carrera hacia el Gobierno Regional de Piura, existen varios casos de personajes con sentencias por diversos delitos y otros con investigaciones en marcha.
En el primer grupo, los candidatos Luis Neyra León (Contigo Región), Guillermo Chávez Timoteo (Partido Patriótico del Perú) y Sofiana Graciano Guerra (Podemos Perú) registran sentencias.
Solo Neyra dio cuenta del proceso en su hoja de vida ante el JEE Piura.
Caso neyra
En su caso, recibió una sentencia con reserva de fallo por el delito de difamación en agravio del exregidor Guillermo Requena, a quien tildó de sinvergüenza en una conferencia.
Se le reservó el fallo con período de prueba y el pago de una reparación civil.
En el caso de Guillermo Timoteo, en enero del 2007 recibió una sentencia como autor del delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en agravio del SO3 PNP Gian marco Preciado.
Se le impuso en sanción de 80 jornadas de prestación de servicios a la comunidad y el pago de S/300.
Por último, Sofiana Graciano Guerra, de Podemos Perú, registra una sentencia como autora del delito de libramiento indebido del 19 de mayo del 2017.
La Sala de Apelaciones, que presidía el juez superior Juan Carlos Checkley, confirmó la sentencia de dos años de pena suspendida, el pago de reparación civil de S/700 y la devolución de S/37.843,24 a la empresa afectada con el hecho.
Graciano era representante de una empresa constructora desde la cual se giró un cheque a uno de sus socios en un contrato, el cual no tenía fondos.
El último registro de la Corte Superior de Justicia es de noviembre del 2021 donde se ordena a la ciudadana a pagar los montos referidos, bajo apercibimiento de hacer la pena efectiva.
Cabe indicar que en el apartado de sentencias firmes de sus hojas de vida, estos dos candidatos no consignaron estos hechos.
Investigados
El segundo grupo son los postulantes con investigaciones en el Ministerio Público y medidas de embargo preventivo de bienes.
En el caso de Reynaldo Hilbck Guzmán de Unidad Regional, el 6to Juzgado de Investigación Preparatoria, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, declaró fundada la medida cautelar que solicitó la procuradora anticorrupción María Palomino en el mes de febrero pasado.
Esta consiste en el embargo del predio Tungasuca (valorizado en S/500.000), un predio en la Urb. Miraflores (valorizado de S/2 millones) y otros predios agrícolas del investigado. Así se dispuso en la resolución de juez Christian Azabache.
Pese a este hecho, la fiscal del caso, Lilibeth Rodríguez Huertas pidió en abril el sobreseimiento de la investigación por el supuesto delito de colusión en el marco de los contratos del proyecto Alto Piura.
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