Las turbas irracionales que siembran terror en el sur no son el pueblo postergado de las políticas públicas y del desarrollo, como nos quieren hacer creer.
El pueblo –como se justifican los violentistas-, no ataca con estrategia militar la Fiscalía, Poder Judicial, comisarías aeropuertos, empresas exportadoras y los medios de comunicación; instituciones consideradas por el terrorismo como enemigos de sus acciones.
El pueblo, por el contrario es el que sufre con la violencia porque no puede transitar con libertad; porque es extorsionado para que cierren sus negocios de supervivencia; porque sufre el desabastecimientos de alimentos; porque debe esconderse aterrado para no ser víctima del castigo de esos líderes o porque es obligado bajo amenaza a participar de las marchas vandálicas.
Lo que los peruanos estamos viendo en el sur u otras regiones no es la protesta de un pueblo sino la demencial acción de delincuentes y extremistas organizados militarmente que hacen uso del terror y la extorsión para someter a 33 millones de peruanos. La respuesta a eso es el estado de derecho que asiste al gobierno a través de la Constitución.
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