El premier Alberto Otárola defendió el decreto para tramitar la expulsión de extranjeros ilegales en un plazo de 48 horas. Defensoría, en contra.
Otárola defendió desde Piura la emisión del decreto del Ejecutivo para tramitar la expulsión de extranjeros indocumentados en un plazo de 48 horas.
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Frente a las críticas, como las del defensor del Pueblo, que calificó la medida como extrema, Otárola aseveró que también se vive una situación de inseguridad en ese nivel.
“La situación de la seguridad del país es extrema y se tienen que tomar las medidas que correspondan para defender la seguridad, la vida e integridad de los peruanos”, comentó.
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El Premier evitó responder directamente al pronunciamiento del titular de la Defensoría del Pueblo.
“Solamente expreso la posición del gobierno. Se ha creado un procedimiento especial que va a examinar caso por caso. La decisión que hemos tomado como gobierno es aplicar de la manera más inmediata las normas sobre migraciones”, expresó Otárola.
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Gracias a esta norma, la Policía podrá retener a los ciudadanos indocumentados y someterlos a un Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PAS), a cargo de Migraciones.
En una sola audiencia, este organismo tendrá otras 24 horas para determinar la expulsión o el impedimento de ingreso al país, y remitirá la resolución a la División de Extranjería de la PNP para que aplique la sanción.
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El anuncio se hizo luego del 10 de noviembre en que venció el plazo para iniciar los trámites de regularización de permanencia en el país para los ciudadanos extranjeros que ingresaron de manera irregular.
Es extrema
Como se informó, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, calificó la medida del Ejecutivo como extrema.
“Son cientos de miles de extranjeros en nuestro país que están registrados, pero tienen un estatus migratorio irregular que tiene que dársele las condiciones de evaluación para que puedan regularizarse. Es una medida extrema porque no responde a un hecho de razonamiento lógico”, declaró el defensor.
