Crisis económica y criminalidad exacerbada es un nocivo cóctel para cualquier economía de un país, porque obliga -en medio de carencias-, a gastar más dinero en sistemas de seguridad y vigilancia, incrementando de esta forma los costos operativos de las empresas que aún apuestan por seguir operando a pesar de ser el centro de las extorsiones y los robos.
Según el INEI, tanto los ciudadanos como las empresas gastan más de 12 millones 400 mil soles al año en contratar personal de seguridad, fortificar sus centros de operaciones con rejas metálicas, contratar seguros o implementar sistemas de videovigilancia para no convertirse en una víctima más de las bandas organizadas que operan en las ciudades. Piura es una de las que lidera el ranking de delincuencia.
En cifras más globales, la inseguridad y criminalidad le cuesta al Perú el 3,09% del PBI, es decir, más de 31 mil 500 millones que bien pueden destinarse a la construcción de hospitales, colegios, carreteras, puentes o servicios básicos en sectores populares. El enorme daño que la delincuencia le hace al país va incluso mucho más allá, contrae la inversión privada y atenta contra el empleo.
