El Poder Ejecutivo dispuso la declaratoria de estado de emergencia en seis distritos y dos provincias del departamento de Piura como parte de una estrategia integral para enfrentar el incremento de la criminalidad organizada y otras situaciones de violencia que afectan la seguridad ciudadana. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 146-2025-PCM, fue publicada en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano y tendrá una vigencia de 60 días calendario.
Según la norma, el estado de emergencia alcanza a los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos, en la provincia de Piura; así como a Sullana y Bellavista, en la provincia de Sullana. Además, se incluye a las provincias de Paita y Talara, donde se han registrado indicadores persistentes de delitos violentos y actividades ilícitas vinculadas a organizaciones criminales.
Distritos y provincias comprendidos en el estado de emergencia
La declaratoria responde a informes de inteligencia, estadísticas oficiales y mapas del delito elaborados por la Policía Nacional del Perú (PNP), los cuales evidencian la necesidad de reforzar el control del orden interno en zonas consideradas críticas. Durante este periodo, la PNP mantiene la conducción de las operaciones, con apoyo de las Fuerzas Armadas, conforme a lo establecido por la Constitución y la legislación vigente.
El decreto precisa que la intervención se focalizará en áreas estratégicas previamente identificadas, donde se intensificarán los patrullajes, operativos de control territorial y acciones de inteligencia, con el objetivo de reducir de manera significativa los índices de criminalidad y restablecer la tranquilidad pública.
Derechos constitucionales restringidos durante la medida
Durante el estado de emergencia, se aplica lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, lo que permite la restricción o suspensión temporal de determinados derechos constitucionales. Entre ellos figuran la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, en concordancia con los numerales 9, 11, 12 y 24 del artículo 2 de la Carta Magna.
Las autoridades subrayaron que estas restricciones se aplicarán de manera proporcional y dentro del marco legal, con la finalidad de garantizar la eficacia de las acciones de seguridad sin vulnerar los derechos fundamentales de la población.
Regulación de actividades públicas y eventos masivos
El decreto establece que, durante la vigencia del estado de emergencia, las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes. Estas solicitudes serán evaluadas conforme al Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N.º 002-2018-PCM.
Las actividades que no tengan carácter masivo podrán desarrollarse sin permiso previo, siempre que no representen un riesgo para la seguridad ciudadana. Las autorizaciones se tramitan sin perjuicio de las competencias municipales sobre el uso de espacios públicos y la seguridad en espectáculos.
Sesión permanente de los comités de seguridad ciudadana
Mientras dure el estado de emergencia, se declaró en sesión permanente al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Piura, así como a los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) de Piura, Sullana, Paita y Talara. Esta disposición busca asegurar una coordinación constante entre las autoridades involucradas en la lucha contra la criminalidad.
Asimismo, se dispuso la conformación, en un plazo máximo de 24 horas, del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), junto con los Comités de Coordinación Distrital, Inteligencia, Fiscalización y Comunicación Estratégica, cuyos integrantes tienen participación indelegable.
Rol del Comando de Coordinación Operativa Unificada
El CCO será presidido por el jefe de la Región Policial Piura e integrado por representantes de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los gobiernos locales y entidades como Indeci. Este comando lidera las acciones integradas orientadas a restablecer y mantener el orden interno durante el estado de emergencia.
Entre sus funciones se encuentran la definición de protocolos de coordinación, la evaluación permanente de resultados, el seguimiento multisectorial de las acciones y la consolidación de información remitida por los distintos comités, la cual tiene carácter reservado cuando así lo amerite la seguridad nacional.
Medidas de control penitenciario y telecomunicaciones ilícitas
Como parte de las acciones adoptadas, se establecen restricciones a las visitas en los establecimientos penitenciarios, así como operativos permanentes para la incautación de teléfonos móviles, tarjetas SIM y otros artículos prohibidos. También se dispone el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicaciones ilícitas detectadas en los penales.
El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) ejecutará acciones de inteligencia penitenciaria para prevenir fugas, alteraciones del orden y actividades delictivas, además de disponer traslados y rotaciones de personal cuando la seguridad lo requiera.
Fuerzas integradas y control territorial
Las fuerzas integradas, conformadas por la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, ejecutarán patrullajes permanentes, controles de identidad, operativos de decomiso de armas y recuperación de espacios públicos vinculados a actividades criminales en las provincias y distritos declarados en estado de emergencia.
El control territorial se desarrollará en zonas críticas determinadas por el mapa del delito y la información de inteligencia, e incluirá la instalación de puestos de comando temporales y el despliegue visible de unidades como medida disuasiva.
Respuesta rápida del sistema de justicia
El Ministerio Público y el Poder Judicial implementarán acciones administrativas y presupuestales para fortalecer su capacidad de respuesta durante el estado de emergencia. Asimismo, se adoptarán medidas especiales de seguridad para fiscales y jueces que intervienen en casos de criminalidad organizada.
De manera complementaria, se impulsará el uso de la plataforma de denuncias en línea, con campañas de difusión orientadas a facilitar el reporte ciudadano de hechos delictivos.
Financiamiento y seguimiento de la medida
La implementación y sostenimiento de las acciones previstas se financiarán con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, así como con asignaciones extraordinarias autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, sujetas a la disponibilidad presupuestal.
El CCO deberá informar periódicamente al Ministerio del Interior sobre los resultados obtenidos y, al término del estado de emergencia, elevar un informe final a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial, con las recomendaciones correspondientes.
Suscríbete a nuestro RSS