Solo un día después de hacerse público el comunicado del Minsa que autoriza a los trabajadores infectados con COVID-19 a obtener su constancia de descanso médico, acudiendo a un médico del sector público o privado (además de otras dos opciones), ayer fue detenido un delincuente que vendía estos certificados.

En su casa del distrito limeño de Independencia, Paul Enrique Castro Chávez, emitía (vendía) certificados médicos falsos, de distintas especialidades por los sellos que se le incautó, haciéndose pasar como médico.

No se necesita ser expertos en seguridad para deducir que en los próximos días muchos colegas del “doctor Castro”, saldrán (o ya lo hacen) a la caza de una apetitosa clientela.

Como ocurrió en su momento con los falsos carnés de vacunación, el Perú, uno de los países con más altos índices de falsificación del continente, esta vez volverá a ser testigo del tráfico de certificados médicos falsos.

Si el sistema de salud es de por sí lento, lo será aún más ahora que el país experimenta un contagio comunitario, debido al cual miles de trabajadores, necesitarán con urgencia obtener su constancia que les permita reincorporarse a sus centros laborales.

Lo menos que debe hacer el Ministerio es prolongar este tipo de normas que evidentemente son excepcionales por la tercera ola. Es decir, si bien se toman por no haber otra salida, eso no evita que alienten la falsificación y, más grave aún, que afecten negativamente a la productividad de las empresas públicas y privadas.

La autorización para que los trabajadores con síntomas de COVID-19 se aíslen sin contar con pruebas covid o certificados médicos, (debiendo acreditarlo luego), es una disposición extrema entendible ante la crítica situación generada por ómicron (hasta ayer el virus causaba tres mil contagios diarios en Piura), pero no por ello lesiva a la economía.

Tal como lo señala el representante de la Cámara de Comercio, desde el Gobierno se acaba de dejar a las empresas sin una herramienta de control de sus trabajadores. Por lo tanto, la disposición necesita ser complementada con mecanismos que agilicen la expedición de constancias auténticas, con lo cual se desalentaría a los estafadores.

A su vez, para combatir las estafas y evitar un uso irresponsable del descanso médico (falsos positivos) las empresas deben fortalecer el control. Con mayor razón, el Estado a través de las procuradurías y la Policía debe redoblar la fiscalización dentro y fuera de las áreas encargadas de la emisión, legal, de dichos certificados médicos.