La criminalidad sigue en aumento en el país y, desde hace ya un tiempo, los delincuentes han centrado su accionar en sectores que impulsan la economía nacional: comerciantes, microempresarios, empresas de transporte público, agrupaciones artísticas y grandes consorcios, son víctimas diarias de la extorsión. Ante esta alarmante situación, Piura no es la excepción.
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Solo en el primer trimestre del año (enero-marzo), la región registró 624 denuncias por extorsión y 1,275 por robo, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio del Interior.
Del total de extorsiones, 179 se reportaron en enero, 211 en febrero y 234 en marzo, evidenciando una tendencia al alza. Este incremento representa un 30.3 % más respecto al mismo periodo de 2024 y 166 % en comparación con el 2023 (ver figura).
En declaraciones a los medios, el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías Zapatas, ha reiterado en varias ocasiones que el aumento de extorsiones responde a una «mayor confianza de la población» que se anima a denunciar estos hechos. Sin embargo, los ciudadanos han criticado estas declaraciones y exigen estrategias más efectivas para enfrentar el crimen organizado.
Más de 1200 robos
En contraste, los robos disminuyeron a comparación de años anteriores: 425 en enero, 408 en febrero y 422 en marzo, sumando 1,275 denuncias en total. Esta cifra significa una reducción del 50 % respecto al 2024. Sin embargo, la tendencia a la baja en este delito no ha devuelto la tranquilidad a la ciudadanía, que exige mayor presencia policial y patrullaje integrado en sus zonas.
Autoridades evaluarán situación este 30 de abril
En medio de la creciente preocupación por la inseguridad ciudadana, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, convocó a la segunda sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), que se realizará este miércoles 30 de abril a las 10:00 a.m. en la sede del Gobierno Regional.
Durante la reunión, el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías Zapata, presentará un informe detallado sobre la actual situación de la seguridad en la región, marcada por el aumento de extorsiones y otros delitos.
La sesión reunirá a autoridades claves, como alcaldes provinciales, representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, así como de los sectores Salud, Educación y organizaciones civiles como las rondas campesinas y las juntas vecinales.
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