La Policía desbarata una red que implicaría a agentes PNP en el delito de tráfico ilegal de tierras para viviendas.
La Policía detuvo a efectivos de la comisaría de Veintiséis de Octubre que se encontraban resguardando terrenos y ahuyentando a los dueños, quienes comprobaron que la inmobiliaria no poseía los títulos de propiedad de las casi 6.5 hectáreas. Así es como para algunos ciudadanos se disolvió el sueño de tener casa propia, al haber comprado lotes en el proyecto La Palma, ubicado en el kilómetro 4,5 de la carretera Piura–Paita.
Los predios fueron vendidos por la inmobiliaria San Francisco Desarrollos Inmobiliarios S.A.C. Se estima que cerca de veinte personas habrían sido estafadas con esta venta ilegal.
“Hemos intervenido a cuatros efectivos, quienes ya están denunciados ante la Fiscalía e Inspectoría de la Policía. No tenemos ninguna contemplación de este tipo de cosas. Todas las faltas probadas y graves van desde una sanción de rigor, impedimento para que los efectivos asciendan, e incluso retiro de la institución”, aseveró el general PNP Eswin Manay, Jefe de la Macro Región Policial.
Añadió que se ha procedido a denunciar a todos aquellos que hayan participado en el caso de La Palma y, con el área de Inteligencia de la Policía, están investigando si se trataría de una organización criminal de tráfico de terrenos.
Por su parte, el gerente de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre, Wilfredo Rodríguez, aseveró que el área de Catastro efectivamente no ha emitido ninguna habilitación -documento analizado, referenciado donde se va a ejecutar un proyecto- ni tiene la copia literal de los predios.
“Los del proyecto La Palma si estarían vendiendo de manera ilegal. Además, puedo decir que hace un mes llegaron oficiales de la Policía de Lima para determinar actos de tráfico de terrenos. Solo vinieron, quedaron en retornar, no regresaron. Pero parece que ellos han tomado esas investigaciones”, declaró.
Otras investigaciones
El jefe regional de Indecopi, Edgar Vilela, afirmó que su institución se encuentra ya investigando los proyectos La Palma, Los Jardines y otro proyecto en Punta Sal.
“En calidad de ente fiscalizador del sector inmobiliario, iniciamos investigación a todos los proyectos que se van aperturando. La Palma, Los Jardines y otro proyecto en Punta Sal están en evaluación y la sanción podría ser desde una amonestación hasta 450 UIT, en materia de protección al consumidor”, indicó.
Por otro lado, explicó que el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece cual es la documentación que debe exigir el ciudadano interesado en adquirir un inmueble.
“Las inmobiliarias deben informar sobre las características del inmueble, proporcionar la documentación que acredite la existencia de autorizaciones municipales, el área del inmueble, el proceso de titulación, habilitación urbana, saneamiento, materiales empleados en la construcción y en los acabados, inscripciones registrales del terreno, entre otros”, dijo.
Además, debe haber transparencia respecto a los datos del proveedor: partida registral de la persona jurídica, nombre de los representantes legales con sus vigencias de poder, el RUC o DNI.
Si se tratara de bienes futuros, la inmobiliaria deberá mostrar el documento que acredite la aprobación del proyecto de habilitación urbana o el anteproyecto de arquitectura. Si es un inmueble terminado, deberán mostrar la copia de la Hoja de Resumen (HR), Predio Urbano (PU), acreditación de no adeudo de tributos o de la situación tributaria del inmueble, y partida registral en la que conste la independización del inmueble.
Para el penalista de la Universidad de Piura (UDEP), Ronald Vílchez, el caso podría tratarse de un delito de usurpación y estafa, “pero hay que saber si a los terrenos les han dado apariencia de que están inscritos en Registros Públicos”.
“El derecho penal dice: ‘si tú no te cuidas, yo no te voy a cuidar’. Si yo estoy interesado en un terreno, primero debo asegurarme que el terreno esté inscrito, que yo pueda cubrir aquellas diligencias mínimas en un proceso de este estilo, de lo contrario la figura de estafa recae. Este delito puede conllevar de 1 a 6 años de pena privativa de la libertad, o de 4 a 8, en su forma agravada”, comentó.
Datos
* El proyecto La Palma luce un cartel con un número que se encuentra fuera de servicio.
* Los compradores, quienes poseen copias de los contratos de estos terrenos con la inmobiliaria, se encontraron también a efectivos de la policía que estaban habitando otros módulos levantados para “vigilar” los terrenos afirmando que le pertenecían a otra persona y no a la inmobiliaria.
