A través de un pronunciamiento oficial, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) ratificó la validez del contrato suscrito con la Compañía de Minas Buenaventura para el desarrollo del Proyecto Hídrico-Minero El Algarrobo, ubicado en Tambogrande.
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La entidad respondió así a las exigencias del Frente de Defensa de los Intereses del distrito, encabezado por Jean Franco Mendoza, que solicitaba la anulación del acuerdo.
Según el director del proyecto, José Rogger Incio Sánchez, la propuesta no contempla una explotación minera inmediata. Al contrario, contempla cuatro fases, siendo la primera la ejecución de estudios técnicos y la construcción de un Acuerdo Social orientado a garantizar el acceso al agua potable para la población de Locuto, situada en la margen izquierda del río Piura.
consulta vecinal
Proinversión aseguró que no se avanzará hacia etapas extractivas sin la aprobación de la comunidad ni sin garantías sociales y ambientales verificables.
“No habrá minería sin consentimiento de la comunidad ni garantías sociales y ambientales claras. El agua viene primero”, enfatizó la institución.
De acuerdo con lo establecido, la fase inicial se extendería hasta por tres años. Recién una vez superada esa etapa, podrían activarse los componentes mineros, que incluirían estudios especializados, implementación tecnológica y una eventual operación subterránea, sin relaveras cercanas al cauce ni detonaciones en zonas habitadas.
Respecto a la consulta vecinal desarrollada en 2002, la agencia reconoció su importancia en términos históricos, aunque precisó que no tiene efectos jurídicos vinculantes.
Además, remarcó que el país cuenta ahora con marcos legales más robustos y mecanismos de participación ciudadana que fortalecen la transparencia y la fiscalización ambiental.
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