La Contraloría recomendó denunciar al director del hospital Santa Rosa, Edwin Chinguel y otros cuatro funcionarios por compras irregulares de equipos de protección personal (EPP).
Esto sucedió entre marzo y diciembre del 2020, con 64 procesos de compra que sumaron S/2 millones 064.333.50 y que favorecieron a 16 proveedores.
“Fueron seleccionados de manera verbal y directa, sin establecer condiciones de competencia efectiva para obtener la propuesta más ventajosa para la entidad”, refiere una de las conclusiones del informe de control específico Nº007-2021 de Contraloría.
Lo más grave es que se adquirió productos por casi el doble de lo que se cotizó en otras entidades públicas.
Para ello, la comisión de auditoría elaboró una lista de precios de los mismos insumos que compraron entidades como la Dirección de Salud de Piura, Cenares del Minsa, hospital de apoyo de Sullana, hospital de Tumbes, entre otras.
Estas entidades compraron el overol talla L, mandilón talla M y mameluco talla L por S/35, S/13.85 y S/38, respectivamente.
Sin embargo, en Santa Rosa los precios casi se duplicaron: S/50, S/24 y S/50, en el mismo orden de ítems.
Invención
Lo que más sorprendió a los auditores es que los funcionarios “crearon” una nueva modalidad de contratación denominada: contratos verbales de crédito. Con esta modalidad, los funcionarios del nosocomio habrían justificado la falta de recursos.
Esta excusa se la trajeron abajo los auditores al revisar los documentos de transferencia de fondos hechos a favor del hospital.
“Se constató que durante los meses de mayo, agosto y setiembre el hospital contó con la certificación presupuestal suficiente para poder adquirir los EPP dentro de los procedimientos establecidos por la normativa de contrataciones”, se lee en el informe. Dicha certificación habría superado los S/2 millones.
Con ello, no había motivo para salirse de la normativa y usar “formas de adquisición irregulares, sin sustento normativo”. Para los auditores, con este método solo se terminó por favorecer a determinados proveedores.
Denuncia
Sobre el tema, la abogada y especialista en temas de contrataciones, Claudia Cabanillas, indicó que se habrían configurado los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.
“Los podrían denunciar por negociación incompatible porque se supone que ellos han hecho la negociación directa con los proveedores, cuando lo regular es garantizar el libre acceso y competencia para mejorar la condición del producto y precio”, señaló.
A su criterio, la pandemia no es excusa. “La emergencia es una justificación para recortar ciertos procedimientos, pero no para inventarse nuevos”, señaló la especialista.
