Para los analistas, una facción del Congreso estaría tejiendo una maniobra para evitar que se impida postular a sentenciados. En mensaje a la nación, el mandatario dice que no renunciará.
Los audios publicados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón -investigado por el rol que desempeñó como contralor-, muestran al cantante “Richard Swing” y a un servidor de Palacio de Gobierno en conversaciones que comprometen al propio presidente Martín Vizcarra. El escándalo ha trepado hasta un pedido de vacancia presidencial.
De comprobarse la autenticidad de los audios, Vizcarra podría verse forzado a abandonar el sillón presidencial. ¿Es viable? Sí, pero no conveniente. Al Congreso le quedan 17 días para aprobar las reformas electorales que faltan, estamos en medio de una pandemia, con una crisis económica que no es para menos, y con elecciones generales ya convocadas.
“No perdamos de vista que Alarcón es una persona cuestionada por su comportamiento cuando fue contralor. No es confiable. Si se demuestra que los audios son falsos, la responsabilidad sobre él será grave. Si son auténticos, el presidente tendría que dar una explicación al país. Es viable vacarlo, pero la situación es compleja y ahondaría la crisis que atravesamos”, opinó el analista Gerardo Távara.
Mientras que el jefe de IDEA Internacional, Percy Medina, aseveró que lo que conviene es un “análisis objetivo, serenidad y encontrar salidas que sean beneficiosas para el país”.
Vizcarra responde
Al cierre de esta edición, el presidente Vizcarra rechazó, en un mensaje a la nación, la posibilidad de renunciar: “Cada vez que hemos sido atacados por fuerzas oscuras no nos hemos dejado amilanar. Si quieren vacarme, aquí estoy. No voy a renunciar”. El presidente admitió conocer la existencia del audio desde fines de julio.
Boicot a la reforma
¿Pueden despedir a Vizcarra por incapacidad moral? Primero, el pedido se formula a través de una Moción de Orden del Día firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas (26 firmas). Recibida la solicitud, una copia de la moción se remite al presidente de la República.
Para la admisión del pedido de vacancia se necesita el voto del 40% de congresistas hábiles, es decir 52 votos (sin contar las licencias y a los suspendidos).
El Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido, que debe ser entre el tercer y décimo día de su admisión, salvo que 104 congresistas acuerden verlo en un plazo menor. El acuerdo de vacancia requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de Congresistas; es decir, 87 votos.
Claro, no es un proceso sencillo, pero esta podría ser una bien pensada maniobra para esquivar aquello que está preocupando a algunas fuerzas políticas: la aprobación del impedimento para que los sentenciados en primera instancia postulen a un cargo público.
Para Gerardo Távara, “esto afectaría, en definitiva, a partidos como Unión Por el Perú (partido de Alarcón) y Podemos”.
“No satanicemos a todo el Congreso. Detrás de esto se esconden los partidos que no quieren que sus candidatos queden impedidos de postular. Vizcarra no es santo de mi devoción, pero sería un error vacarlo porque agravaría la situación política y económica del país. Si hizo algo ilícito, que se le juzgue cuando termine su mandato”, declaró, por su parte, el analista político Oscar Tuesta.
El abogado de la Universidad de Piura (UDEP), Luis Castillo, tampoco descartó que esto se trate de una jugada política: “Pensar que es una estrategia política es una posibilidad y más cuando en política las cosas no se hacen de casualidad. Pero más allá de eso, tenemos un Congreso que ha mostrado mucha irresponsabilidad. Es posible que intenten vacar al presidente, pero otra cosa es que eso sea lo que conviene en este escenario. El Congreso debe ser prudente”, señaló.
Sobre el caso de “Richard Swing”
El cantante Richard Cisneros, “Richard Swing”, fue contratado por el Ministerio de Cultura (Mincul) para que realice “actividades motivacionales”, por medio de conferencias virtuales, para mejorar “el rendimiento laboral, personal y social de los servidores”.
El Ministerio Público, la Contraloría y el Parlamento iniciaron investigaciones sobre los contratos a Swing. El 1 de junio, la Primera Fiscalía Anticorrupción intervino las oficinas administrativas de Palacio de Gobierno para recabar información relacionada al cantante. La misma diligencia se desarrolló en las oficinas del Mincul.
Días después, el Congreso aprobó otorgarle facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización, que preside Edgar Alarcón. El grupo ha interrogado a Swing y otros exfuncionarios.
Contraloría indica que 16 funcionarios del Mincul tendrían responsabilidad penal por los contratos del cantante, que ascendieron a más de S/155.000, entre el 2018 y 2020.
El informe remarca que el Mincul realizó “pagos indebidos” a un proveedor, en referencia a Cisneros, que no contaba con la especialidad ni con el perfil” para realizar las actividades requeridas. Agrega que las transferencias se realizaron a pesar de que el cantante “no acreditó el cumplimiento de la prestación del servicio”.
