Según registro de ONPE, existen 75 mil aspirantes en el país que van tras cargos de alcalde, regidor, consejero o gobernador el próximo octubre.
Lo sorprendente es la cantidad de candidatos ( 3 mil) con procesos penales y civiles, quienes han logrado bajo diversas argucias legales y criolladas, filtrarse en el proceso electoral.
Según lo reporta el centro de investigación Wiñaq, hay 24 aspirantes a autoridad que han sido sentenciados por homicidio; uno de ellos, además de crimen calificado registra robo agravado, pero igual ha podido pasar el filtro y hoy quiere ser alcalde. En esa relación también desfilan más de 20 personajes procesados por estafa y cientos de ellos con registro de violencia familiar y omisión a la asistencia familiar, es decir, por malos padres.
Es cierto que cualquier ciudadano puede postular así haya sido criminal, estafador, agresivo o mal padre porque así lo permite la ley; sin embargo, es la población la que decide quien es el más apto y tiene las cualidades morales, experiencia y capacidad para administrar el presupuesto público. La lógica de supervivencia nos dice que no debemos encerrar a los gatos en la despensa. ¿Lo harán?
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