La corrupción en Piura continúa siendo un obstáculo crítico para el desarrollo regional, afectando gravemente la gestión pública. Según datos recientes de la Contraloría General de la República y la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), entre 2023 y 2024, la región perdió aproximadamente S/1 500 millones debido a actos de corrupción e inconducta funcional. Este monto equivale a S/16 de cada S/100 del gasto público regional.
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¿Qué tan grave es la corrupción en Piura en 2024?
En 2024, el Gobierno Regional de Piura obtuvo un preocupante 60% en el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO), posicionándose en el puesto 16 a nivel nacional. Este índice, que evalúa el riesgo de irregularidades en las instituciones públicas, señala a varias entidades de la región como puntos críticos. Entre las más afectadas se encuentran la Dirección Regional de Educación de Piura con un 75%, la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre con un 78.3%, y la Municipalidad Provincial de Sechura con un 66%. Estas cifras destacan la necesidad urgente de fortalecer la transparencia y la fiscalización en la región.
Instituciones más comprometidas por la corrupción
La Municipalidad de Tambogrande se posiciona como una de las entidades más afectadas, ocupando el octavo lugar nacional en niveles de corrupción. Según la Contraloría, esta municipalidad tiene más de S/422 millones invertidos en proyectos abandonados, lo que representa un grave perjuicio para los ciudadanos que dependen de estas obras para mejorar su calidad de vida. Otros casos incluyen irregularidades en la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, donde se detectaron problemas relacionados con la filtración de licencias, evidenciando fallos en los procesos administrativos.
¿Cuáles son los casos más recientes de corrupción en Piura?
En julio de 2025, la Contraloría General de la República identificó irregularidades significativas en varios proyectos. Uno de los casos más destacados es el perjuicio económico de un millón de soles en una obra vial en la urbanización Miraflores I, donde se evidenciaron fallos en la ejecución y supervisión. Además, se reportaron problemas de seguridad en la Planta de Oxígeno de Talara, una infraestructura clave para la atención sanitaria. Estas situaciones reflejan las limitaciones en la lucha contra la corrupción y la necesidad de implementar medidas más efectivas.
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