El consorcio responsable de la obra de la avenida Sullana – tramo comprendido entre la Av. Sánchez Cerro y la Av. Andrés Avelino Cáceres, integrado por Yadimar EIRL y Constructora San Sebastián Piura SAC, enfrenta serios cuestionamientos. Cada constructora cuenta con una participación del 50% en la ejecución del proyecto; sin embargo, la última tiene como principal accionista a Augusto Naquiche Yovera, investigado por presunta organización criminal.
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El empresario detenido en agosto del 2023 fue acusado de formar parte de la presunta organización criminal “Los operadores de la reconstrucción”, liderada por el exdirector ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Robert López; y por el exalcalde de la Unión, Fernando Ipanaqué. Incluso en su momento, fue detenido por la Policía por este caso.
Lluvia de obras
Por si fuera poco, la Constructora San Sebastián Piura SAC concentra este año la ejecución de otros cinco proyectos más en la región Piura, cuyo valor conjunto supera los 144 millones de soles.
De acuerdo al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), dicha empresa tiene a cargo la obra del «Servicio de movilidad urbana en la Av. Don Bosco» por S/ 57′ 919,271.0, «Mejoramiento del servicio de educación secundaria de la I.E Dos de Mayo del centro poblado de Paccha del distrito de Chulucana – provincia de Morropón» por S/ 21′ 923,461.5.
También ejecuta en paralelo la «Creación del servicio de laboratorio de gastronomía y hotelería de la Universidad Nacional de la Frontera» por S/.19′ 197,136.8, «Obra de mejoramiento del sistema de agua potable y tratamiento de excretas de los sectores Bellavista de Cachiaco, Pata de Cachiaco, Maray de Curilcas, Peña Blanca y el Huabo, distrito de Pacaipama – provincia de Ayabaca» por S/.16,200,550.7 y la «Cosntrucción de pistas y veredas en el A.H Pachitea, distrito de Piura por S/.13,591,947.7.
Fuente: OECE
Antecedentes son una «alerta»
Al respecto, el exdecano del Colegio de Ingenieros de Piura, Hermer Alzamora,subrayó que, aunque una empresa o consorcio no esté impedido legalmente para contratar con el Estado, y pueda participar en múltiples obras si cuenta con el equipo técnico y cumple con los requerimientos mínimos, la existencia de antecedentes como la investigación del representante legal constituye una «alerta».
En esa línea, hizo un llamado al los diferentes organismos y autoridades para que fiscalicen de cerca a estas empresas.
«Esto es una alerta, los consejeros del Gobierno regional tienen que analizar y observar directamente a estas empresas que ganan muchas muchas obras a la vez y tienen algunos antecedentes como el tema de los ‘Operadores de la construcción'», declaró a El Tiempo.
Asimismo, Alzamora sugirió convocar a una sesión de consejo o una comisión de investigación para consultar al comité de selección sobre el proceso de adjudicación. Resaltó la importancia de revisar detalles como el número de empresas presentadas, el costo de las propuestas, la capacidad técnica y el nivel de avance de las obras.
De otro lado, el exdecano enfatizó la crucial labor de la Contraloría General de la República. A su criterio, la entidad debería realizar no solo un control previo y concurrente, sino también uno posterior.
«Sería fundamental realizar un análisis y mirar, por ejemplo, cuánto costaron las obras al inicio y cuánto terminaron costando», señaló, considerando posibles adicionales, gastos generales o ampliaciones de plazo.
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