Los congresistas piuranos coincidieron con el Consejo Regional en su pedido para que el gobernador Servando García entregue los proyectos paralizados, entre ellos el Alto Piura, debido a la lentitud que ha demostrado a la fecha.
“El Alto Piura no [debe seguir en el GORE] porque merece una mirada más amplia. Queremos que el gobernador nos explique donde radica el problema”, dijo el congresista piurano Eduardo Castillo.
El legislador consideró que el tema podría agravarse si se confirman los rumores de la descentralización de programas que estaban a cargo de los ministerios como el Pronied.
“El Programa Nacional de Infraestructura Educativa lo quieren descentralizar a las regiones, pero cuál es el criterio cuando vemos que las regiones no tienen la capacidad de gestión para avanzar con sus carteras de proyectos”, agregó.
Para el parlamentario Wilmar Elera, el proyecto Alto Piura debe ejecutarse bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno.
“Esto para garantizar el inicio y término de la obra valorizada en más de 850 millones de soles”, indicó.
Desde su punto de vista, para el primer componente del proyecto se necesitan de personal especializado.
“Es preferible que lo tome un gobierno nacional porque tendrían los mejores especialistas para hacer este tipo de contrato”, agregó Elera.
En contra
Por su parte, el parlamentario César Revilla se mostró en contra de que el Alto Piura pase a otras manos.
“Piura debe tener la capacidad de desarrollar y hacer los proyectos porque sino la descentralización no tendría sentido. Si le pedimos todo a Lima, vuelve el vía crucis de que la autoridad viaje y a pedir como mendigos que nos resuelvan los problemas”, dijo.
Agregó que esto no exime a las autoridades regionales del deslinde de responsabilidades por la lentitud en la ejecución de obras millonarias.
“Si alguna autoridad no ha cumplido su función tiene que pasar [el caso] a Contraloría y asumir sus responsabilidades de por qué no cumple con algo para lo cual tiene presupuesto”, manifestó.
Datos
El Consejo Regional pidió al gobernador que ceda las unidades ejecutoras de proyectos de reconstrucción a favor de los municipios.
En su mayoría se trata de caminos vecinales que fueron encargados al Gobierno Regional, pero tienen problemas de retrasos, paralizaciones y hasta de falta de expediente técnico del proyecto.