Piura se ubica entre los distritos fiscales con mayor número de sentencias condenatorias por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Perú. De enero a noviembre de 2025, un total de 1 465 personas fueron sentenciadas en esta región por diversos delitos vinculados a agresiones físicas, psicológicas y sexuales, según información oficial del Ministerio Público.
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Esta cifra coloca a Piura como el segundo distrito fiscal con más condenas a nivel nacional, solo por debajo de Cusco, y evidencia la magnitud de un problema estructural que continúa afectando a miles de mujeres y familias en el norte del país.
Piura entre las regiones con más sentencias por violencia
A nivel nacional, las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (FEVCMIGF) lograron 13 353 sentencias condenatorias entre enero y noviembre de 2025. Este resultado equivale a un promedio de 1 214 condenas mensuales y alrededor de 40 sentencias diarias en todo el territorio peruano.
Los distritos fiscales con mayor número de condenas fueron Cusco (2 878), Piura (1 465), Arequipa (1 345), Junín (1 228) y Lima Este (1 041). En conjunto, estas jurisdicciones concentran una proporción significativa del total nacional, reflejando tanto la alta incidencia de casos como la capacidad operativa del sistema fiscal.
Alta efectividad del Ministerio Público
De acuerdo con la Coordinación Nacional de las FEVCMIGF, el 92.4 % de las sentencias emitidas fueron condenatorias, un indicador que demuestra un elevado nivel de efectividad en las investigaciones realizadas. Este porcentaje consolida la respuesta del Ministerio Público frente a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
En el caso de Piura, las autoridades destacan que la articulación entre fiscales, peritos y operadores de justicia ha permitido transformar las denuncias en investigaciones sólidas, con procesos penales debidamente sustentados ante el Poder Judicial.
¿Cuáles son los delitos más frecuentes en Piura?
Las agresiones físicas y psicológicas continúan siendo la principal manifestación de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. A nivel nacional, del total de sentencias condenatorias logradas por las fiscalías especializadas, 11 194 correspondieron a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, lo que representa el 83.8 % del total.
En Piura, esta tendencia se replica, con un alto número de casos relacionados a lesiones, maltrato reiterado y violencia psicológica, situaciones que afectan de manera directa la integridad y el bienestar de las víctimas.
Delitos contra la libertad sexual
En segundo lugar, se registraron 2 009 sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual en el país. Estos casos incluyen tocamientos indebidos, actos de connotación sexual, actos libidinosos con y sin consentimiento, así como violación sexual y violación sexual en agravio de menores de edad.
Las autoridades advierten que en regiones como Piura, este tipo de delitos genera una especial preocupación debido al impacto psicológico y social que produce, sobre todo cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes.
Otros delitos vinculados a la violencia
Asimismo, se contabilizaron 150 condenas por delitos contra la libertad, como acoso, proposiciones sexuales a menores de edad y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Estas modalidades de violencia, muchas veces asociadas al uso de tecnologías digitales, han ido en aumento en los últimos años.
¿Por qué Piura registra un alto número de sentencias?
Especialistas señalan que el elevado número de condenas en Piura responde a varios factores. Entre ellos, la alta tasa de denuncias, una mayor visibilización de los casos de violencia y el fortalecimiento de las fiscalías especializadas. A ello se suma el trabajo coordinado con la Policía Nacional y los juzgados especializados.
Para la Coordinación Nacional de las FEVCMIGF, estos resultados evidencian una alta capacidad investigativa que permite llevar los casos desde la denuncia hasta la sentencia, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas.
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