El congresista César Revilla, evalúa una propuesta de crear una comisión investigadora por el caso del exdirector del hospital de Sullana, Dante Ramírez.

El exfuncionario denunció una presunta coacción de militantes de Fuerza Regional por los servicios del nosocomio.

“Estamos viendo como avanza la fiscalía y evaluando iniciar una comisión investigadora. De haber indicios tendríamos que intervenir con una comisión. […] hay que ver si la fiscalía va a necesitar ayuda del Congreso para esclarecer los hechos”, comentó.

Desde su punto de vista, el gobernador Servando García, tendría una responsabilidad política por la elección de los funcionarios y trabajadores implicados en los hechos que denunció el exdirector.

Como se informó, una comitiva de cinco militantes de Fuerza Regional, entre ellos una proveedora y un trabajador del GORE, visitaron el 16 de noviembre al director del hospital de Sullana para pedirle les entregue los servicios de vigilancia, recojo de residuos sólidos y mantenimiento.

Denuncia

Ramírez afirma que usaron el nombre del gobernador para sostener su pedido. El funcionario se negó, reportó el hecho a Servando García y el 24 de enero último fue retirado del cargo.

“Es gravísimo que un director saliente diga eso. Se puede decir que está molesto porque nunca le ayudaron, pero que diga que salió porque lo coaccionaron para direccionar obras, eso es muy grave. Hay que ver si hay responsabilidad solo de funcionarios o si hay responsabilidad política del gobernador”, aseveró.

A su criterio, la autoridad debe tomar acciones sobre los implicados. “Todos tienen la presunción de inocencia, pero si la Fiscalía detecta presuntas irregularidades y el gobernador no separa a esos funcionarios, ahí será sensible a un juicio político porque él es el responsable político”, dijo.

Además de la proveedora y excandidata de FR, Ruby Magaly Sancarranco, también visitó al exdirector el trabajador del GORE, Ronny Pasapera Quezada.

Según el registro de proveedores, Pasapera brinda servicios a la Gerencia Regional de Desarrollo Social con pagos de S/6.000. El propio gobernador lo reconoce como trabajador.

“Sabemos que la fiscalía ha intervenido con una investigación. Si hay solicitudes de detención preliminar, que se hace cuando hay indicios, intervendríamos para acelerar esto”, dijo.