La Cámara de Comercio y Producción de Piura emitió un enérgico pronunciamiento en el que exige al Gobierno central y a las autoridades regionales una respuesta inmediata y contundente frente al alarmante avance de la extorsión y el crimen organizado en la región.
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Según datos del Sistema Informático de Denuncias Policiales (SIDPOL), Piura ocupa el tercer lugar a nivel nacional en denuncias por extorsión, con 1,253 casos registrados entre enero y mayo de 2025, un aumento del 51 % respecto al mismo periodo del año anterior.
“El clima de inseguridad se ha convertido en una amenaza directa para la ciudadanía y para quienes apostamos por el desarrollo económico formal. No se puede hablar de crecimiento sin seguridad”, advirtió la institución empresarial.
El gremio alertó que la criminalidad está afectando gravemente a empresas de todos los tamaños, desde pequeños comercios hasta grandes industrias, forzándolas al cierre, paralización de inversiones y pérdida de empleos formales.
Según cifras del INEI, más del 20 % de empresarios piuranos fueron víctimas de delitos en 2023, muchos de los cuales incluyeron amenazas vinculadas al cobro de cupos, extorsión directa y violencia contra trabajadores o familiares. Además, en el primer trimestre de 2025 se reportó el cierre de 8,375 empresas en Piura, la mayoría micro y pequeñas, lo que implicó la pérdida de más de 20 mil empleos.
“El crimen está sofocando nuestra economía regional. No es casualidad que haya más cierres que aperturas de negocios. Esta situación debe tomarse con absoluta seriedad. Exigimos una política integral y sostenida, no más operativos aislados ni reacciones tardías”, reclamó la Cámara.
Otro foco de preocupación es la minería ilegal en la sierra de Piura, especialmente en Tambogrande, Las Lomas y Suyo, actividades que, según el pronunciamiento, “financian redes criminales asociadas al sicariato, tráfico de armas y lavado de activos”, además de causar severos daños ambientales.
Fortalecimiento de la PNP
La institución empresarial también pidió el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú en la región, señalando que “los agentes hacen su mejor esfuerzo, pero carecen de los recursos logísticos y humanos necesarios. Es urgente invertir en su capacidad operativa e inteligencia”.
En ese sentido, la Cámara exhortó a las autoridades a implementar un plan especial de seguridad con enfoque territorial, y a mejorar el sistema judicial con fiscales especializados y protocolos eficaces de protección para víctimas y testigos. También convocó a reforzar los comités de seguridad que articulan al sector público, privado y sociedad civil.
“Exhortamos a los empresarios y ciudadanos a no guardar silencio. El Estado debe garantizar la protección que hoy, lamentablemente, no existe. El silencio solo fortalece a quienes operan fuera de la ley”, enfatizó la entidad.
Finalmente, advirtieron: “Nuestra institución no permanecerá indiferente. Seguiremos alzando la voz, movilizando esfuerzos y exigiendo resultados. Las autoridades deben pasar de los discursos a las acciones. La región y el país no solo lo merecen, lo exigen”.
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