Las Cámaras de Comercio de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura emitieron un pronunciamiento urgente tras los trágicos acontecimientos ocurridos en la provincia de Pataz, región La Libertad. Estos incluyen el asesinato de 13 trabajadores de una minera artesanal vinculada a Minera Poderosa y un violento ataque a la planta de Minera Caravelí.
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Al respecto, condenaron rotundamente la violencia en Pataz y expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas. Asimismo, informaron que, en lo que va del año, Pataz ha registrado 39 muertes violentas, lo que evidencia el desbordante control del crimen organizado sobre la zona y la ineficaz respuesta del Estado ante esta situación.
La crisis se agrava con el ataque a Minera Caravelí
A la creciente violencia en la provincia, señalan, se suma el reciente ataque a la planta de Minera Caravelí, donde un grupo armado secuestró a varios trabajadores y se enfrentó a la policía. El saldo fue de ocho heridos, incluidos dos oficiales que fueron trasladados a Trujillo. Este ataque pone en evidencia la capacidad operativa y armada del crimen organizado, que supera la respuesta estatal.
«Ante este panorama, instamos al Gobierno a considerar de manera urgente la declaración del estado de sitio en la zona, como medida extraordinaria para frenar la violencia y recuperar el control territorial. Esta intervención debe ser estratégica, evitando conflictos sociales, pero asegurando la restauración del orden en Pataz. No podemos permitir que la inacción siga comprometiendo el futuro del país», se lee en el pronunciamiento.
Llamado a un combate frontal contra el crimen organizado y la minería ilegal
Asimismo, consideran imprescindible que se implemente un combate frontal contra la minería ilegal y las organizaciones criminales. «Esto debe incluir un refuerzo en la inteligencia operativa, acciones directas contra las bocaminas ilegales y la desarticulación de las redes de financiamiento que sostienen al crimen organizado. Esta lucha debe ser sostenida, técnica y decidida».
«Desde las Cámaras de Comercio del norte del Perú, hacemos un llamado urgente a las instituciones del Estado —Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional— para actuar de manera coordinada y urgente, sin dilaciones ni intereses políticos. La ciudadanía, los gremios, empresarios y líderes de opinión también deben unirse a esta causa, exigiendo respuestas claras del Estado», agregan.
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