La crítica situación financiera que atraviesa Petroperú ha encendido las alertas en el norte del país. Diversos sectores advierten que, sin un respaldo inmediato y decidido por parte de la Junta General de Accionistas (JGA), la empresa estatal podría verse obligada a paralizar parcial o totalmente sus operaciones a nivel nacional, con consecuencias económicas, sociales y estratégicas de gran alcance para el Perú.
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De acuerdo con el pronunciamiento emitido desde Talara, la limitada liquidez de la petrolera dificulta el cumplimiento oportuno de sus obligaciones financieras, operativas, normativas y contractuales. Esta situación, de no ser atendida con urgencia, pondría en riesgo la continuidad operativa de la Nueva Refinería Talara, considerada Activo Crítico Nacional por su rol clave en el procesamiento de combustibles limpios y en la reducción de la dependencia de importaciones.
Riesgo para la seguridad energética del país
La refinería es considerada estratégica para mitigar la exposición del Perú a la volatilidad de los mercados internacionales, tensiones geopolíticas y eventuales interrupciones en las cadenas globales de suministro. Una eventual pérdida de la capacidad de refinación y logística nacional obligaría al país a reemplazar producción local con importaciones más costosas y menos confiables, reduciendo además la capacidad del Estado para responder ante emergencias.
Posible desabastecimiento de combustibles
Uno de los escenarios más críticos sería el desabastecimiento inmediato de combustibles en zonas donde Petroperú es el único proveedor. Regiones como la Amazonía, el norte del país y diversas provincias de la sierra podrían sufrir graves impactos económicos y sociales. La paralización afectaría el transporte fluvial y terrestre, la operación de plantas eléctricas, la actividad comercial y turística, así como la prestación de servicios públicos esenciales.
Impacto directo en los consumidores y el orden público
La ausencia de Petroperú en el mercado tendría un efecto directo en el consumidor final, generando un aumento significativo en los precios de los combustibles. Además, se advierte que una paralización de la empresa podría desencadenar una crisis social, especialmente en regiones altamente dependientes de su abastecimiento, afectando el orden público y comprometiendo incluso las operaciones logísticas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en zonas alejadas, con implicancias para la seguridad nacional y la soberanía.
Cuestionamientos a una eventual privatización
Desde Talara también se cuestiona la propuesta de llevar a Petroperú a Proinversión para iniciar un proceso de desmembramiento, señalando que ello podría derivar en la venta de activos a precios subvaluados, como ocurrió en procesos pasados. Se recuerda que existen normas vigentes que impiden su privatización, como la Ley 28244, que excluye a la empresa de los procesos de promoción de la inversión privada, y la Ley 28840, que le otorga autonomía económica y administrativa, manteniéndola fuera del FONAFE y del sistema Invierte.pe.
Deudas pendientes del Estado
Asimismo, se remarca que el Estado mantiene una deuda con Petroperú cercana a los 5,000 millones de soles, correspondiente a conceptos como el crédito fiscal por IGV de la Ley de Amazonía, el régimen de recuperación anticipada del IGV de la Nueva Refinería Talara, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pensiones bajo la Ley 20530, el impuesto al rodaje, entre otros montos que se exige sean debatidos y honrados.
Llamado urgente al Ejecutivo
En representación del pueblo de Talara, se solicita al presidente de la República y a los ministros de Economía y de Energía y Minas que instruyan con carácter de urgencia a la Junta General de Accionistas para autorizar una estructura de financiamiento que permita superar las restricciones de liquidez, garantizar la continuidad operativa de Petroperú y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones financieras, contractuales y laborales.
El pronunciamiento fue emitido el 29 de diciembre de 2025 y lleva la firma de Sigifredo Juan Zárate Vite, quien advirtió que las decisiones que se adopten en las próximas semanas serán determinantes para el futuro de la empresa considerada patrimonio nacional.
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