Los alcaldes de Sullana (Piura) y Yura (Arequipa) alzaron la voz tras el millonario robo perpetrado en las cuentas de sus municipalidades en el Banco de la Nación, y anunciaron que viajarán este lunes a Lima para exigir una investigación inmediata a las más altas instancias.
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El burgomaestre de Sullana, Marlem Mogollón, tomó la iniciativa de contactar a la alcaldesa de Yura, Mirtha Ruelas Casillas, luego de que ambas comunas fueran víctimas de ciberestafas que dejaron sus cuentas saqueadas por sumas que, en algunos casos, superan los dos millones de soles.
Según Ruelas, los delincuentes actuaron usando números telefónicos supuestamente proporcionados por el propio banco estatal, lo que habría facilitado la estafa. Ambos alcaldes sostienen que hubo una grave vulneración en la plataforma MultiRed Empresas, sistema utilizado por instituciones públicas para gestionar sus fondos.
Más de seis entidades afectadas por ciberdelincuentes
Aunque el Banco de la Nación no ha dado declaraciones oficiales, se sabe que al menos seis entidades públicas también han sido blanco de robos similares entre el 24 y el 31 de julio. Entre ellas figuran el Instituto Nuevo Indoamérica de Trujillo, la Dirección Regional de Transporte de Cajamarca, la UGEL Caylloma y el Gobierno Regional de Arequipa.
En todos los casos, se repite un patrón: el acceso a las cuentas fue bloqueado sin explicación aparente, y el personal del banco no ofreció apoyo oportuno, lo que habría facilitado el ingreso de los ciberdelincuentes y el retiro del dinero.
Exigirán intervención de la SBS
Ante la falta de respuestas por parte del Banco de la Nación, Mogollón y Ruelas acudirán directamente a la sede central del banco en Lima, donde exigirán explicaciones al Directorio. Además, solicitarán la intervención de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para que supervise el caso y garantice una investigación objetiva y transparente.
Los alcaldes también han convocado a las demás autoridades de instituciones afectadas para unirse a esta iniciativa y demandar no solo la recuperación del dinero perdido, sino también la identificación de responsabilidades penales y administrativas.
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