La Corte Suprema de Brasil dictó este martes duras sentencias contra los últimos cinco implicados en el intento de golpe de Estado atribuido al expresidente Jair Bolsonaro, imponiendo penas que van desde los ocho hasta los 26 años de prisión. Con este fallo, el máximo tribunal dio por cerrado uno de los procesos judiciales más relevantes de la historia reciente del país, al considerar probado un grave atentado contra el orden democrático.
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La sesión, realizada en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, puso fin al juicio sobre la conspiración que, según la justicia, fue diseñada para impedir la transferencia del poder tras la derrota electoral de Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios de octubre de 2022.
Balance del proceso y alcance de las condenas
Con estas nuevas sentencias, la Corte halló culpables a 29 de los 31 acusados por distintos niveles de participación en la trama golpista. Las penas impuestas oscilan entre uno y 27 años de cárcel, y en conjunto superan los 400 años de prisión acumulados.
La condena más elevada recayó sobre el propio Bolsonaro, a quien el tribunal identificó como el principal articulador del complot. Según el fallo, la planificación se inició incluso antes de las elecciones de 2022 y culminó con los ataques del 8 de enero de 2023 contra las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ocurridos pocos días después de la asunción de Lula como presidente.
Los últimos condenados y su rol en la conspiración
Entre los sentenciados este martes destaca Filipe Martins, figura de la extrema derecha brasileña y estrecho colaborador de Bolsonaro durante su mandato. Martins, quien fue asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia entre 2019 y 2022, recibió una condena de 21 años de prisión.
De acuerdo con la investigación, Martins actuó como enlace entre grupos radicales de Brasil y sectores de la ultraderecha estadounidense. La Corte determinó que participó en la redacción de un borrador de decreto que proponía anular los resultados electorales, intervenir la justicia electoral y ordenar la detención de magistrados, entre ellos Alexandre de Moraes.
Planes violentos y amenazas a autoridades
Otro de los casos más graves fue el del general retirado del Ejército Mario Fernandes, condenado a 26 años de prisión. El tribunal lo consideró responsable de haber elaborado un plan para asesinar al presidente Lula, al entonces vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, quien en ese momento presidía el Tribunal Superior Electoral y posteriormente asumió como relator de la causa por golpismo.
La Corte sostuvo que estos planes evidencian la magnitud del intento de ruptura institucional y el nivel de violencia que los conspiradores estaban dispuestos a ejecutar para mantenerse en el poder.
Un fallo histórico para la democracia brasileña
Con el cierre de este proceso, la justicia brasileña envía un mensaje contundente en defensa del sistema democrático y del respeto a los resultados electorales. El Supremo Tribunal Federal subrayó que las condenas buscan establecer responsabilidades claras y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en el país.
El caso Bolsonaro se consolida así como un precedente clave en la historia judicial de Brasil, al sancionar penalmente a un expresidente, exministros y altos mandos militares por atentar contra el Estado de derecho.
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