El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dispuso el arresto domiciliario para diez personas sentenciadas por su implicación en el intento de golpe de Estado relacionado con el exmandatario Jair Bolsonaro. La decisión fue adoptada este sábado por el juez Alexandre de Moraes y supone un endurecimiento de las medidas judiciales vigentes, tras el reciente intento de fuga de Silvinei Vasques, exdirector de la Policía de Carreteras.
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La resolución alcanza a condenados cuyos casos aún se encuentran en etapa de apelación. La Policía Federal ejecutó la orden en distintos puntos del país, incluidos los estados de Río de Janeiro, San Pablo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahía, Tocantins y el Distrito Federal.
Hasta ahora, los involucrados cumplían solo medidas cautelares, como el uso de tobillera electrónica. Con la nueva disposición, deberán permanecer recluidos en sus viviendas, manteniendo el sistema de geolocalización activo.
Además, el STF impuso restricciones adicionales: se prohíbe el uso de redes sociales, la recepción de visitas y cualquier tipo de contacto con otros investigados. También se ordenó la entrega de pasaportes y la suspensión de autorizaciones para portar armas de fuego.
El endurecimiento de estas medidas se produjo luego del frustrado intento de fuga de Silvinei Vasques, quien en Navidad rompió su tobillera electrónica y trató de salir del país. El exjefe policial se desplazó en un vehículo alquilado rumbo a Asunción, acompañado únicamente por un perro y provisiones.
Vasques fue detenido en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi cuando intentaba abordar un vuelo hacia El Salvador, tras ingresar de manera irregular a Paraguay utilizando la identidad de un ciudadano paraguayo. Posteriormente, fue expulsado del país y entregado a la Policía Federal brasileña en el paso fronterizo del Puente de la Amistad, en Foz de Iguazú.
El exfuncionario cumple una condena de 24 años y seis meses de prisión por organizar acciones destinadas a obstaculizar el acceso de votantes a los centros electorales durante la segunda vuelta de las elecciones de 2022, con el objetivo de favorecer a Bolsonaro. Sin embargo, se encontraba en libertad provisional debido a que su sentencia aún no está firme.
En tanto, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión, permanece bajo custodia en una celda especial de la Policía Federal en Brasilia. Actualmente se encuentra hospitalizado en un centro privado de la capital, donde se recupera de una cirugía de hernia bilateral.
Con esta resolución, el Supremo refuerza el control judicial sobre los condenados por la intentona golpista, restringiendo severamente su movilidad, comunicaciones y acceso a documentos, con el propósito de evitar nuevas fugas y garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.
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