La falta de consenso entre republicanos y demócratas para aprobar un presupuesto antes del plazo límite de este miércoles desencadenó un cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos. De momento, la medida impacta únicamente en los servicios considerados no esenciales, aunque, de prolongarse el bloqueo legislativo, podría comprometer funciones clave de la Administración.
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El Congreso tenía hasta las 11:59 p. m. del 30 de septiembre, cuando concluía el año fiscal, para dar luz verde a los fondos que garantizaran la plena operatividad de las agencias estatales. Este es el primer “shutdown” desde el más extenso en la historia del país —que se extendió 35 días hace casi siete años— y que ahora deja inactivos a varios departamentos federales, afectando directamente a cientos de miles de empleados públicos.
El entonces presidente Donald Trump responsabilizó a los demócratas del estancamiento y advirtió que castigaría a la oposición con recortes drásticos en el sector público y el freno de proyectos de la agenda progresista.
Hasta el martes, los republicanos solo habían conseguido dos de los siete votos demócratas necesarios en el Senado para sacar adelante una financiación provisional que habría mantenido en marcha al Gobierno por otras siete semanas. A su vez, la propuesta demócrata —que contemplaba más recursos para el sistema sanitario— tampoco prosperó, pues no alcanzó los 13 apoyos requeridos en la Cámara Alta.
Los liberales condicionaron su respaldo al plan republicano a la renovación de los subsidios de Obamacare que expiran este año y a revertir los recortes en salud introducidos en la gran reforma fiscal impulsada por Trump, algo que los conservadores insisten en negociar únicamente después de aprobar un presupuesto temporal.
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A la tensión se suma la incertidumbre laboral de los empleados federales, acrecentada por los despidos masivos aplicados en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge) bajo la dirección del exasesor presidencial Elon Musk.
Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), cerca de 750.000 trabajadores podrían enfrentarse a suspensiones parciales de empleo, con una merma salarial estimada en 400 millones de dólares. Mientras dure el cierre, los funcionarios afectados no recibirán sus sueldos.
Por ahora, la suspensión no alcanza a los servicios esenciales, como el Ejército, las fuerzas de seguridad, el correo postal, los aeropuertos o la seguridad social. No obstante, la preocupación crece porque incluso en estos sectores el personal continuará laborando sin percibir remuneración hasta que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo presupuestario.
De acuerdo con estimaciones de analistas de la aseguradora Nationwide, cada semana de cierre podría recortar el crecimiento del PIB estadounidense en 0,2 puntos porcentuales.
El precedente más reciente y prolongado fue el de principios de 2019, durante el primer mandato de Trump, cuando la inasistencia de diez controladores aéreos obligó a suspender temporalmente operaciones en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York y causó retrasos en varias terminales del noreste y sureste del país. Esa crisis terminó forzando un acuerdo entre las bancadas para poner fin a la parálisis.
Este tipo de cierres presupuestarios suelen ser muy impopulares entre la ciudadanía, por lo que ambas fuerzas políticas tratan de evitarlos, en muchos casos hasta el último minuto. La disputa actual cobra aún más relevancia con miras a las elecciones legislativas de medio término de noviembre de 2026, en las que está en juego el control del Congreso.
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