Durante un acto de juramentación de nuevos oficiales voluntarios en la provincia de Chontales, Francisco Díaz, director de la Policía, confirmó que las fuerzas de seguridad seguirán al servicio del presidente Ortega, comprometiéndose a perseguir y reprimir a las voces disidentes que desafíen el poder del régimen.
La represión de las protestas de 2018: un precedente de conflicto social
Las protestas de 2018 fueron un hito en la historia reciente de Nicaragua. En respuesta a reformas impopulares en el sistema de pensiones, miles de nicaragüenses salieron a las calles exigiendo cambios. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue severa, con el uso de fuerzas policiales y paramilitares para reprimir las manifestaciones. Según organizaciones de derechos humanos, entre 355 y 684 personas perdieron la vida durante estos hechos, y numerosos opositores políticos y activistas fueron detenidos, algunos bajo acusaciones de terrorismo y conspiración.
El gobierno de Ortega ha calificado estos eventos como un intento de golpe de Estado, argumentando que las protestas fueron instigadas por actores externos, incluidos gobiernos extranjeros y organizaciones no gubernamentales. En contraste, organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y han instado al gobierno a rendir cuentas por las muertes y abusos ocurridos durante esas jornadas.
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La creación de la Policía Voluntaria: Nuevos cuerpos de seguridad
Uno de los desarrollos más recientes en Nicaragua es la creación de la Policía Voluntaria, un cuerpo auxiliar de seguridad que se incorporará a las fuerzas policiales con rango constitucional. Esta nueva fuerza, que consiste en ciudadanos que prestan su servicio de manera voluntaria, busca aumentar la presencia y eficacia de las fuerzas de seguridad en el país. Sin embargo, algunos analistas y críticos del régimen han señalado que esta medida podría ampliar el control del gobierno sobre la sociedad, al permitir la creación de un cuerpo de seguridad que podría actuar de manera más flexible y sin las restricciones que enfrentan las fuerzas policiales regulares.
El director de la Policía, Francisco Díaz, explicó que los oficiales voluntarios están destinados a proteger la seguridad de la población y garantizar la paz social. No obstante, la creación de este nuevo cuerpo ha suscitado preocupaciones, ya que se ha vinculado a un aumento de la represión política en el país y a la consolidación de una estructura de poder que responde directamente al gobierno.
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La respuesta de la comunidad internacional ante el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad
La Policía de Nicaragua y su lealtad al régimen de Ortega se han convertido en un tema de interés para la comunidad internacional, especialmente después de las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2018. Organismos internacionales como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional han expresado su preocupación sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades nicaragüenses, subrayando la necesidad de reformas en el ámbito de la seguridad para garantizar la protección de los derechos civiles y políticos en el país.
La creación de la Policía Voluntaria y la reafirmación de la lealtad de la Policía Nacional al gobierno de Ortega parecen intensificar el control del régimen sobre las instituciones del país. Desde el ámbito internacional, algunos actores han advertido que el fortalecimiento del aparato represivo podría contribuir a la escalada de tensiones internas y a la limitación de las libertades democráticas en Nicaragua.
