La Policía Federal de Brasil ha presentado cargos contra el ex presidente Jair Bolsonaro por presunto fraude en el certificado de vacunación contra el covid-19, según informaron medios locales este martes.
Las autoridades han identificado indicios de asociación para delinquir y uso de datos falsos en un caso que investiga una red ilícita implicada en la falsificación de cartillas de vacunación, supuestamente beneficiando a Bolsonaro y a su círculo cercano.
Según la investigación, se descubrió una trama destinada a falsificar cartillas de vacunación para permitir que los beneficiarios evadieran las restricciones sanitarias en terceros países durante la pandemia.
La Policía también ha mencionado en su informe final al antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid, y al diputado federal Gutemberg Reis, del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB).
Ahora, la Fiscalía deberá analizar las conclusiones de la Policía y decidir si presenta una demanda formal ante la Justicia contra Bolsonaro, quien enfrenta otros procesos judiciales, incluido uno por tentativa de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, ganadas por el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.
El portavoz y abogado de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, criticó la filtración del dictamen de la Policía Federal a los medios de comunicación, calificándola como lamentable y parcial.
En mayo de 2023, la Policía registró la casa de Bolsonaro en Brasilia y detuvo a seis sospechosos en relación con este caso, entre ellos Mauro Cid y dos de sus guardaespaldas.
Indicios encontrados
Durante las diligencias, las autoridades encontraron indicios de inserción de datos falsos sobre la vacuna contra la covid-19 en los registros oficiales de Bolsonaro, quien siempre ha desestimado el impacto del virus y ha sembrado dudas sobre la eficacia de las vacunas.
La investigación apunta a que Bolsonaro tenía conocimiento de la inserción fraudulenta de los datos de vacunación y permaneció inerte ante este delito.
El ex presidente viajó a Estados Unidos en diciembre de 2022, donde se exigía un certificado de vacunación anticovid, y estuvo tres meses en el país antes de regresar a Brasil, enfrentándose desde entonces a múltiples problemas legales.