Solicitan contratación de 110 efectivos para la nueva gerencia de Fiscalización de la MPP.

La fiscalización de la aplicación de protocolos sanitarios en centros comerciales, mercados y transporte público solo estará en manos de 50 fiscalizadores.

En el mediano plazo, se proyecta la creación de la gerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Piura y la contratación de 110 efectivos para estas labores.

“A la fecha tenemos 50 fiscalizadores. Estamos a puertas de crear la gerencia de Fiscalización y con ello estamos por recibir a más de 110 personas. Las oficinas de la comuna están tratando de darle preferencia a esta gerencia, dado que la coyuntura lo amerita”, informó el jefe de Fiscalización, Juan Carlos Álamo.

En tanto ello sucede, la fiscalización seguirá débil para frenar el contagio y así evitar un rebrote o segunda ola como dicen los médicos.

“Necesitamos personal que ayude a la población a mantener el distanciamiento y evitar las aglomeraciones”, sostuvo el directivo del Colegio Médico y exregidor, Christian Requena.

El temor de los especialistas es que con la apertura de centros comerciales y uso masivo del transporte público se registre el segundo golpe del COVID que a la fecha ya dejó 1 mil 197 víctimas y más de 20 mil 840 infectados.

“Así como la experiencia de Ecuador o Europa, se viene una segunda ola que se contagiará en el mercado y servicios de transporte masivo. Esperemos que eso no suceda”, declaró el director del hospital Santa Rosa, Edwin Chinguel.

No respetan

En este escenario, el transporte público sería una ruta del contagio.

“La Municipalidad no tiene la autoridad suficiente para fiscalizar. Hemos denunciado que empresas como Hermanos Tume y Urban 3 se dan la vuelta donde sea y eso no les permitiría cumplir el protocolo de desinfectar los vehículos en cada paradero”, señala Félix López, gerente de la empresa Guadalupe.

Lo mismo sucede, agrega, con los taxis colectivos que siguen operando con cuatro pasajeros.

Esto es común con los vehículos informales que recogen cuatro pasajeros en la intersección de la Av. Sánchez Cerro con el jirón Los Naranjos.

“La cadena de contagio va a aumentar y se va a producir un rebrote ahora mis mo. Lo hemos denunciado, pero no sabemos quien fiscaliza”, agrega López.

Por su parte, la gerente de Super Star, Rosa Bardales, destacó que se requiere fiscalización constante.

“La fiscalización permite verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias como el aforo, el uso del alcohol en los vehículos, la desinfección en cada término de vuelta. También verificar si las empresas de transportes presentaron su plan COVID al Minsa”, precisó.

Agregó que en el caso de su empresa, tienen hasta dos turnos para desinfectar las unidades.

“¿Dónde está la autoridad para que pueda fiscalizar? Entonces de qué medidas preventivas estamoshablando contra el contagio”, indicó.

A nivel de la provincia son 11 empresas de transporte público que implica una flota superior a las 300 unidades vehiculares.

Otro escenario de intervención es el comercio. A nivel del mercado, el comercio informal parece ganar la batalla.

Una muestra sería cómo los ambulantes han tomado posesión de un carril de la Av. Sánchez Cerro.

En tanto, en los mercados privados el control del protocolo está en manos de sus dirigentes. En mercados como el Modelo, Anexo, Plaza del
Mar y Telas, se debe formar cola para el ingreso, se toma temperatura y se exige el distanciamiento entre los clientes. Pero no todos cumplen.