Autoridades exigen la máxima sanción si se verifica presunta sobrevalorización de respiradores mecánicos y monitores para UCI.

En la madrugada de ayer, la procuradora regional anticorrupción, María Palomino Valdez presentó una denuncia contra el gobernador Servando García, el director regional de Salud, Víctor Távara y el director del hospital Santa Rosa, Edwin Chinguel, por el delito de peculado, tras conocer la investigación de Vigilia Ciudadana sobre la presunta compra sobrevalorada de respiradores mecánicos que se pretende hacer.

Ante la falta de la mesa de partes, la denuncia llegó al correo electrónico habilitado por la fiscalía anticorrupción a las 3:29 a.m. de ayer. Según el fiscal a cargo del despacho, Javier López Romaní, a partir del escrito de la procuradora, se dispuso la apertura de diligencias preliminares y solicitud de información al Gobierno Regional.

En la víspera, Vigilia Ciudadana dio a conocer que el pasado 18 de abril, el hospital Santa Rosa dio marcha atrás en la compra de 10 ventiladores mecánicos a la empresa Equipo Médico del Perú (Equilux) por la suma de S/89.900 cada uno.

Solo tres días antes, la misma dependencia dio el visto bueno para la adquisición de los equipos y generó la orden de compra N° 330.

En el correo electrónico de cancelación se refiere que el hospital Santa Rosa se quedó sin presupuesto. No se hace referencia a especificaciones técnicas.

Tras este hecho, Vigilia Ciudadana accedió al portal de Invierte.pe y descubrió que el Gobierno Regional tiene en trámite un proceso de compra de ventiladores mecánicos, pero con un precio mucho mayor y que asciende a S/227.000 por unidad.

Este precio incluso es mayor al precio que asignó el hospital de Sullana por S/140.000 y otros nosocomios de Chulucanas y Paita.

Peculado

“Esta defensa jurídica del Estado considera que se podría configurar este delito de peculado, dado que los funcionarios del Gobierno Regional, responsables de la adquisición de ventiladores mecánicos monitores de función vital, habrían sido sobrevalorados con el fin de apropiarse del caudal destinado los indicados productos”, refiere el escrito de la procuradora.

La abogada propone además hacer nuevas cotizaciones a proveedores similares de los mismos productos, con precios unitarios y al por mayor.

Asimismo, solicita que se requiera al Gobierno Regional la entrega de toda la documentación del proceso y que la Contraloría inicie un
proceso de control concurrente.

Es una traición

La denuncia tuvo diversas repercusiones en las autoridades e instituciones piuranas.

“Como ha dicho el presidente de la República […] robar en esta emergencia, ya es algo inconcebible. Eso es una traición y una deslealtad a la población y merece todo el castigo si es que se determina que ha habido alguna mala intención en la adquisición de estos productos”, se pronunció el vice gobernador, Marco Purizaca.

El funcionario agregó que el área de administrativa deberá explicar de porqué se desistió de la compra de los primeros productos y se ha optado por otros.

“De acuerdo a lo que me están informando, esos equipos [los primeros] ya estaba a disposición inmediata. En cambio, estos que recién están adquiriendo son para julio. Este es otro problema adicional. ¿Cuántas vidas estaríamos salvando en estos meses si es que hubiéramos tomado una buena decisión?”, agregó.

A su turno, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Sofía Milla Meza, calificó de lamentable los hechos.

“Es reprobable desde todo punto de vista. No tiene calificativo que ante las necesidades de las personas, hayan funcionarios que estén mal utilizando los dineros [del Estado]. De comprobarse, debe sancionarse con el mayor rigor posible. Sería un delito gravísimo, de verificarse”, indicó Milla.