El Parlamento de Corea del Sur aprobó este sábado la destitución del presidente Yoon Suk-yeol debido a su decisión de declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre. La moción recibió el apoyo de algunos miembros del partido gobernante, lo que resultó crucial para su aprobación.
En la votación, participaron los 300 diputados de la Asamblea Nacional, con un resultado de 204 votos a favor, 85 en contra, tres abstenciones y ocho votos nulos. Para destituir al mandatario se requería una mayoría de dos tercios, equivalente a al menos 200 votos. Aunque el sufragio fue secreto, al menos 12 parlamentarios del Partido del Poder Popular (PPP), al que pertenece Yoon, debieron respaldar la moción, ya que los partidos opositores cuentan con 192 escaños.
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La incertidumbre sobre el resultado se mantuvo hasta el último momento. El PPP discutió su postura oficial en una reunión a puerta cerrada que terminó poco antes de la votación, decidiendo finalmente no apoyar la moción de manera oficial. Sin embargo, los resultados revelaron que no todos los miembros del partido siguieron esa línea, ya que al menos siete legisladores habían declarado previamente que votarían a favor de la destitución.
Tras la votación, Yoon queda temporalmente apartado de sus funciones, y el primer ministro Han Duck-soo asume el liderazgo interino del país. El Tribunal Constitucional evaluará en un plazo máximo de 180 días si el presidente violó la Constitución al declarar la ley marcial. Si se confirma, Yoon se convertiría en el segundo mandatario surcoreano en ser destituido durante una democracia, después de Park Geun-hye, quien fue removida en 2017 por corrupción.
En las calles de Seúl, miles de ciudadanos celebraron la decisión frente a la Asamblea Nacional, ondeando bastones luminosos como símbolo de su protesta. El portavoz del opositor Partido Democrático, Park Chan-dae, calificó la destitución como «una victoria histórica para la democracia».
Por otro lado, Yoon y varios miembros de su gobierno, incluido el exministro de Defensa Kim Yong-hyun, enfrentan investigaciones por cargos como insurrección, abuso de poder y amotinamiento. El delito de insurrección, el más grave de ellos, podría llevar incluso a la cadena perpetua o la pena de muerte, aunque esta última tiene una moratoria en el país desde 1997.
