La crisis social en Bolivia vuelve a cobrar una víctima mortal. Un niño de 12 años falleció mientras era trasladado de emergencia a un centro médico debido a que los bloqueos de carreteras impidieron el paso oportuno de la ambulancia que lo transportaba. Con este caso, ya suman cuatro fallecidos relacionados con situaciones similares, según confirmó el Ministerio de Salud boliviano.
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A través de un comunicado oficial, la entidad informó que el menor era trasladado desde un hospital en Llallagua, en el departamento de Potosí, hacia otro establecimiento con mayor capacidad de atención. Sin embargo, los cierres de vías obligaron a cambiar la ruta de emergencia hacia la ciudad de Oruro. Lamentablemente, el niño falleció durante el trayecto.
Las autoridades sanitarias expresaron sus condolencias a la familia y reiteraron que la atención médica debe estar por encima de cualquier conflicto social. Asimismo, hicieron un llamado urgente para habilitar corredores humanitarios que permitan el libre tránsito de ambulancias y garanticen el acceso oportuno a servicios de salud.
De acuerdo con la emisora local Radio Pío XII, el menor provenía del municipio de Pocoata, en el norte de Potosí, y había ingresado al hospital con un diagnóstico de trauma abdominal grave, condición que requería cirugía inmediata y cuidados intensivos especializados.
Este nuevo caso se suma a otras tres muertes registradas en las últimas semanas, entre ellas la de una ciudadana de Belice, quienes tampoco lograron recibir atención médica a tiempo debido a las protestas y bloqueos instalados desde hace más de dos semanas.
Las movilizaciones, impulsadas por organizaciones sociales, sindicatos y sectores afines al expresidente Evo Morales, se concentran principalmente en La Paz, aunque también se han extendido a regiones como Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.
La situación ha generado un impacto severo en el país, provocando desabastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno medicinal, especialmente en ciudades como La Paz y El Alto.
Por su parte, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) informó que las pérdidas económicas ya superan los 600 millones de dólares, afectando además actividades productivas, culturales y deportivas.
Mientras tanto, el Gobierno boliviano, la Defensoría del Pueblo y representantes de la Iglesia Católica continúan exhortando a los manifestantes a permitir el paso de ambulancias y ayuda esencial, con el objetivo de evitar nuevas tragedias humanas.
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