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Migrantes venezolanos deportados de EE.UU denuncian torturas y abusos en la megacárcel de El Salvador

noviembre 12, 2025
Autor: Área Digital El Tiempo

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Decenas de migrantes venezolanos afirmaron haber sido víctimas de golpizas, abusos sexuales y tortura psicológica mientras permanecieron detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad ubicada en El Salvador. Los testimonios fueron recogidos en un reciente informe elaborado por Human Rights Watch (HRW) y la organización Cristosal, en el que se documentan presuntos actos de violencia sistemática y trato inhumano contra los reclusos.

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Según el informe, 40 de los 252 venezolanos deportados entre marzo y abril de 2025 por el gobierno del expresidente Donald Trump relataron haber sido golpeados con bastones, pateados y humillados mientras permanecían bajo custodia. Muchos señalaron que eran trasladados a una zona denominada “la isla” como castigo por reclamar mejores condiciones o intentar comunicarse con las autoridades.

Algunos detenidos afirmaron incluso haber sido víctimas de abuso sexual por parte de los guardias, mientras que otros describieron un ambiente de presión psicológica extrema que los llevó a pensamientos suicidas. Los hechos, según HRW y Cristosal, constituyen violaciones graves a los derechos humanos y reflejan un patrón de tortura física y emocional dentro del Cecot.

Acusaciones contra El Salvador y Estados Unidos

El documento no solo responsabiliza a las autoridades penitenciarias salvadoreñas, sino que también señala a Estados Unidos por su papel en las deportaciones. HRW y Cristosal sostienen que el envío de migrantes al Cecot —sin garantías procesales y a sabiendas de las condiciones carcelarias— representa una forma de complicidad en torturas y desapariciones forzadas.

El informe detalla que los deportados fueron trasladados directamente desde territorio estadounidense a El Salvador bajo el argumento de que pertenecían a organizaciones criminales como el Tren de Aragua o la MS-13. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos aseguran que entre los detenidos había migrantes sin antecedentes penales ni vínculos comprobados con dichas bandas.

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