La Justicia argentina otorgó este martes el beneficio de la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández, quien fue sentenciada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo responde a una solicitud de sus abogados defensores, quienes alegaron motivos de salud y edad para evitar su traslado a un establecimiento penitenciario.
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Cristina Fernández, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, fue hallada culpable de administración fraudulenta en el marco de la causa conocida como Vialidad, que investigó irregularidades en la concesión de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas. El tribunal consideró que se direccionaron contratos millonarios a favor del empresario Lázaro Báez, cercano al entorno presidencial de entonces, generando un perjuicio millonario al Estado argentino.
El fallo que otorga la prisión domiciliaria se fundamenta en el artículo 32 de la Ley de Ejecución Penal, que permite sustituir el encierro carcelario por el arresto en domicilio a personas mayores de 70 años. Cristina Fernández, de 72 años, padece además problemas cardíacos y de movilidad, según consta en los informes médicos presentados por su defensa.
La expresidenta ha sostenido desde el inicio de la causa que es víctima de una “persecución judicial y mediática”, y que el juicio en su contra fue impulsado por sectores del poder político y económico para “disciplinar” a quienes cuestionan el modelo neoliberal. Sin embargo, su condena fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2024, y se espera que la Corte Suprema se pronuncie próximamente sobre los recursos pendientes.
El otorgamiento de la prisión domiciliaria ha reavivado el debate político en Argentina. Mientras dirigentes del oficialismo denuncian un uso selectivo de la Justicia para proscribir figuras políticas, desde la oposición reclaman que la condena no quede impune y cuestionan los beneficios otorgados a una persona condenada por corrupción en perjuicio del Estado.
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