Una grave denuncia ocasiona un escándalo en Ecuador en plena emergencia sanitaria por el COVID-19.
La Fiscalía General de Ecuador abrió una investigación sobre supuestos cobros irregulares en morgues de hospitales de Guayaquil a cambio de la entrega de cadáveres.
A través de la red social Twitter, el órgano fiscal anunció la apertura de “una investigación previa por presunta concusión, ante cobros indebidos de personal en hospitales, a cambio de entregar cuerpos de fallecidos por COVID-19”.
Y precisó que las indagaciones responden a la denuncia hecha por el responsable de la Fuerza de Tarea Conjunta para el Levantamiento de Cadáveres, Jorge Wated, en ese sentido
El Gobierno advierte que esta “situación irregular” podría haber ocasionado que “se extravíe la identificación de varios fallecidos”.
El periódico El Comercio citó el caso de familiares de una víctima que no encontraban a su ser querido y, en medio de la desesperación, no dudaron en aceptar cuando un camillero les propuso buscar los restos a cambio de un pago que oscilaba entre los 30 y los 100 dólares.
Luego de unas horas, consigna el diario, el funcionario volvió con el cuerpo y lo entregó.
Presidente
El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, informó que había dispuesto a Wated poner la denuncia ante la Fiscalía General, “para que se investigue el mal manejo de fallecidos en las morgues de los hospitales”. No permitiremos que nadie sea sepultado sin su identificación”, indicó el mandatario.
En su denuncia ante la Fiscalía, que adjuntó el propio mandatario, el jefe de la Fuerza explica que estas sospechas se ciernen tanto en “hospitales públicos como del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS) en Guayaquil”.
Wated señala a los responsables del manejo de los cuerpos en las instalaciones de los hospitales, “en sus respectivas morgues”, instalados en diferentes centros médicos.
“Se puede presumir negligencia de esos funcionarios o la existencia de una supuesta red de personas, sean funcionarios, empleados o no, de dichos hospitales, quienes se encargan de solicitar dinero a los familiares de los difuntos, para que estos les entreguen los cadáveres de sus seres queridos”, refiere.
Y señala el “agravante” de que “esta situación irregular ocasiona que se extravíe la identificación formal de varios otros fallecidos”, antes de que sean formalmente entregados por los hospitales a la Fuerza de Tarea Conjunta.