El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, junto con ex ministros y altos mandos militares, enfrenta un proceso judicial que podría derivar en penas superiores a los 40 años de cárcel. La Fiscalía los acusa de conspirar para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en 2023, en lo que se considera uno de los juicios más trascendentes de la historia reciente del país.
A partir de este martes, el Supremo Tribunal Federal (STF) dará a conocer los veredictos contra los ocho implicados en la supuesta trama golpista.
Jair Bolsonaro: El líder de la trama
Bolsonaro, de 70 años, gobernó Brasil entre 2019 y 2022. Tras perder las elecciones frente a Lula da Silva, habría encabezado lo que la Fiscalía describe como “una organización criminal armada” para mantenerse en el poder.
Las investigaciones sostienen que el exmandatario ajustó un decreto para instaurar un estado de sitio e incluso estuvo al tanto de un plan para asesinar a Lula. Actualmente cumple arresto domiciliario en Brasilia y no se espera su presencia en la votación del fallo.
Mauro Cid: El ayudante clave
El teniente coronel Mauro Cid, de 46 años, fue uno de los hombres más cercanos a Bolsonaro. Está acusado de recopilar supuestas pruebas de fraude electoral en 2022.
En su teléfono se halló un discurso que Bolsonaro habría pronunciado tras consumar un eventual golpe de Estado. Sin embargo, Cid firmó un acuerdo de delación premiada, lo que podría derivar en una reducción de su condena.
Walter Braga Netto: El candidato a vicepresidente
El general Walter Braga Netto, de 68 años, fue ministro de Defensa y compañero de fórmula presidencial de Bolsonaro en 2022.
Según la Fiscalía, participó activamente en la conspiración, incluso albergando en su casa reuniones sobre el plan denominado “Puñal Verde y Amarillo”, que contemplaba asesinar a Lula y otras autoridades. Permanece detenido desde diciembre por presunta obstrucción a la justicia.
Augusto Heleno Ribeiro: el general modelo
Con una larga carrera militar y política, el general Augusto Heleno Ribeiro, de 77 años, fue instructor de Bolsonaro en la escuela militar y más tarde se desempeñó como ministro de Seguridad.
La investigación lo señala como uno de los principales arquitectos de los ataques contra el sistema de votación electrónica, con el fin de desacreditar la fiabilidad de los comicios de 2022.
Anderson Torres: El ministro del decreto
El exministro de Justicia Anderson Torres, de 49 años, también está procesado. Durante su gestión como responsable de Seguridad en Brasilia, se produjo la invasión a las sedes de los tres poderes en enero de 2023 por simpatizantes bolsonaristas.
En su domicilio fue encontrado un borrador de decreto destinado a revertir los resultados electorales, lo que lo vincula directamente a la planificación del intento de golpe.
Paulo Sérgio Nogueira: el ministro de Defensa
El general Paulo Sérgio Nogueira, de 67 años, ocupó la cartera de Defensa en los últimos meses del gobierno de Bolsonaro.
De acuerdo con la Fiscalía, participó en reuniones donde se discutió la posibilidad de decretar un estado de defensa o de sitio, lo que habría abierto la puerta a una intervención militar contra el resultado de las urnas.
Almir Garnier Santos: el comandante de la Marina
Nombrado por Bolsonaro en 2021, el almirante Almir Garnier Santos, de 64 años, fue comandante de la Marina.
Estuvo presente en dos reuniones clave a finales de 2022, en las que se debatió el presunto plan golpista. Testigos del juicio declararon que Garnier manifestó que las tropas de la Marina estarían disponibles para Bolsonaro en caso de ser necesario.
Alexandre Ramagem: el jefe de inteligencia
El diputado Alexandre Ramagem, de 53 años, dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) durante el gobierno bolsonarista.
Está señalado de organizar una campaña de desinformación en redes sociales con el objetivo de atacar a opositores y al sistema electoral brasileño.
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Un juicio histórico para Brasil
El proceso contra Bolsonaro y sus aliados marca un hito en la historia política y judicial de Brasil. Los ocho acusados se enfrentan a posibles condenas de más de cuatro décadas, bajo cargos de conspiración, asociación criminal y atentado contra el Estado democrático de derecho.
El Supremo Tribunal Federal deberá determinar en los próximos días si existió un plan estructurado para derrocar a Lula da Silva y desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.
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