Una reciente audiencia ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito ha encendido las alarmas entre millones de inmigrantes legales en Estados Unidos. El Departamento de Justicia, bajo argumentos presentados por el equipo legal del expresidente Donald Trump, defendió la idea de que el gobierno tiene autoridad para revocar una Green Card en cualquier momento, incluso si fue emitida hace décadas.
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Este planteamiento se dio en el marco del caso de Mohammad Qatanani, un palestino residente en Nueva Jersey desde 1996, cuya residencia permanente legal (Green Card), otorgada en 1999, ha sido cuestionada por presuntas irregularidades administrativas.
El gobierno de EE. UU. sostiene que la Green Card no es definitiva
Durante la audiencia, la abogada del gobierno, Lindsay Murphy, argumentó que el fiscal general tiene la facultad legal para revisar y cancelar la residencia permanente de un inmigrante en cualquier momento, siempre que existan “circunstancias excepcionales”.
En el caso específico de Qatanani, se alegan fallos en el proceso de otorgamiento de su Green Card, como la ausencia de un número de visa asignado y errores en los datos biométricos, lo que, según el Departamento de Justicia, invalidaría la legalidad de su estatus migratorio incluso décadas después.
De ser avalada esta posición por la Corte del Tercer Circuito, se abriría la puerta para una reinterpretación radical del sistema migratorio, en la que la residencia legal permanente ya no sería sinónimo de seguridad ni estabilidad.
Cambio en la interpretación de la ley migratoria estadounidense
La propuesta representa un cambio significativo en la manera en que tradicionalmente se ha entendido la Green Card. Hasta ahora, esta credencial ha simbolizado un camino firme hacia la ciudadanía y una protección legal ante cambios migratorios, siempre que el titular cumpla con la ley.
Pero la postura del Departamento de Justicia sugiere que no existe un límite temporal para revisar ni revocar la residencia, y que errores burocráticos pasados, aunque no hayan sido culpa del solicitante, pueden ser base suficiente para anular el estatus incluso después de décadas.
Expertos legales alertan sobre precedentes peligrosos
La medida ha despertado preocupación entre abogados y defensores de los derechos migratorios, quienes advierten que, si la Corte aprueba esta interpretación, podría debilitar gravemente la confianza en el sistema migratorio estadounidense.
“La ley establece procesos claros para revocar una Green Card: notificación formal, derecho a audiencia y pruebas contundentes”, explicó Amelia Wilson, profesora de derecho en la Elisabeth Haub School of Law. “Permitir cancelaciones retroactivas sin límite de tiempo sería un precedente peligroso que pone en riesgo a millones de residentes legales.”
Un caso que podría sentar jurisprudencia nacional
El caso de Qatanani, aunque puntual, podría convertirse en un precedente legal de gran alcance. Si la Corte del Tercer Circuito respalda la posición del Departamento de Justicia, otros residentes legales podrían ser sometidos a revisiones retroactivas de su estatus migratorio, abriendo la puerta a deportaciones o procesos administrativos sin que hayan cometido delito alguno.
Abogados defensores también argumentan que esta política podría utilizarse de forma discrecional o discriminatoria, afectando especialmente a comunidades de inmigrantes vulnerables o provenientes de regiones en conflicto.
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Reacción de la comunidad inmigrante
Organizaciones migratorias y civiles ya se han manifestado en contra de esta medida. Diversos colectivos han pedido al Congreso y a la administración actual que aclaren el alcance legal de la Green Card y protejan a quienes ya han sido admitidos legalmente como residentes permanentes.
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