El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue sentenciado este viernes 16 de enero a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia y otros delitos, en el primero de varios procesos judiciales abiertos en su contra por su fallido intento de instaurar la ley marcial en diciembre de 2024.
La condena es menor a los diez años solicitados por la Fiscalía para el exmandatario conservador de 65 años, cuya actuación contra el Parlamento desató una grave crisis política que terminó con su destitución. Antiguo fiscal, Yoon aún debe enfrentar otros siete juicios. En uno de ellos, acusado de insurrección, podría incluso recibir la pena de muerte.
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¿Por qué fue condenado a cinco años en este primer proceso?
El Tribunal del Distrito Central de Seúl resolvió uno de los aspectos secundarios del caso que mantuvo al país sumido durante meses en protestas masivas y una fuerte inestabilidad política.
Yoon fue declarado culpable de haber excluido a integrantes del gobierno de una reunión clave sobre la preparación de la ley marcial y de haber obstaculizado su arresto, al permanecer atrincherado durante semanas en su residencia de Seúl bajo la custodia de su equipo de seguridad.
Finalmente, en enero de 2025, fue detenido tras un operativo que se prolongó por varias horas.
“El acusado, pese a tener la máxima responsabilidad de proteger la Constitución y respetar el Estado de derecho como presidente, mostró una conducta que los ignoró”, señaló el juez Baek Dae-hyun, quien calificó la gravedad de los hechos como “extremadamente seria”. No obstante, aclaró que Yoon no fue hallado culpable de falsificación de documentos oficiales por falta de pruebas.
La defensa del exmandatario afirmó que el fallo “borra la línea entre el ejercicio de las atribuciones constitucionales de un presidente y la responsabilidad penal”. Su abogada, Yu Jeong-hwa, advirtió que, de mantenerse este criterio, “ningún futuro presidente podrá actuar con firmeza en situaciones de crisis”, y anunció que cuentan con siete días para presentar una apelación.
En otro proceso paralelo, los fiscales solicitaron recientemente la pena de muerte al considerar a Yoon el “líder de una insurrección” por su rol en la imposición de la ley marcial. Argumentaron que merece ese castigo porque no ha mostrado arrepentimiento por acciones que pusieron en riesgo el orden constitucional y la democracia.
Aun así, una eventual condena a muerte difícilmente sería ejecutada, ya que Corea del Sur mantiene una moratoria no oficial sobre las ejecuciones desde 1997.
Yoon sostiene que la declaración de la ley marcial fue un uso legítimo de sus facultades presidenciales. El martes reiteró que “el ejercicio de los poderes constitucionales de emergencia para proteger a la nación y preservar el orden constitucional no puede considerarse una insurrección”.
Además, acusó al entonces partido opositor de haber instaurado una “dictadura inconstitucional” al controlar el poder legislativo y aseguró que su decisión buscaba “despertar al pueblo, que es el verdadero soberano”.
El exlíder conservador causó conmoción al decretar sorpresivamente la ley marcial la noche del 3 de diciembre de 2024 y ordenar el despliegue del ejército en la Asamblea Nacional para hacerla cumplir. Justificó la medida alegando amenazas de “fuerzas comunistas de Corea del Norte” y de “elementos antiestatales”, además de denunciar que la oposición, mayoritaria en el Parlamento, estaba paralizando el país.
Sin embargo, pocas horas después se vio obligado a revertir la decisión ante la presión de miles de manifestantes y de la propia Asamblea, que logró reunirse y anular la ley marcial.
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