La reciente movilización de fuerzas militares de Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe ha despertado preocupación y rechazo en varios países de la región, especialmente en Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, calificó las acciones como una “provocación injustificada”.
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De acuerdo con fuentes oficiales y reportes internacionales, desde agosto Washington ha desplegado destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales con el supuesto objetivo de combatir el tráfico de drogas en la zona. Sin embargo, el alcance de las operaciones ha generado dudas por las bajas civiles y daños colaterales que han sido denunciados en las últimas semanas.
Bombardeos y víctimas
Hasta la fecha, las operaciones estadounidenses han dejado al menos 37 muertos como resultado de nueve bombardeos dirigidos contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
A través del sitio web de seguimiento aéreo Flightradar24, se detectó el pasado jueves el desplazamiento de un bombardero B-1B que se aproximó a la costa venezolana antes de girar hacia el norte, una maniobra que avivó las tensiones diplomáticas en la región.
Consultado por la prensa, el expresidente Donald Trump negó haber ordenado el envío de aeronaves hacia Venezuela, aunque reiteró sus críticas al gobierno de Maduro, al que acusa de mantener vínculos con el narcotráfico internacional.
“No vamos a pedir necesariamente una declaración de guerra al Congreso. Simplemente vamos a matar a gente que viene a nuestro país”, declaró Trump, dejando entrever una posible política de acción directa sin aprobación legislativa.
Reacción de Venezuela
Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro denunció los ataques y pidió el cese inmediato de las hostilidades en la región. Durante un acto público, expresó su rechazo a las maniobras militares estadounidenses y al incremento de la presencia naval en el Caribe.
“¡No crazy war!, no a la guerra loca. Venezuela quiere paz”, afirmó el mandatario, advirtiendo que su país “defenderá su soberanía frente a cualquier agresión”.
El gobierno venezolano ha solicitado explicaciones ante organismos internacionales, señalando que las acciones de Washington violan los principios del derecho internacional y ponen en riesgo la estabilidad del Caribe.
Ejercicios militares con Trinidad y Tobago
En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago confirmó que el buque de guerra USS Gravely realizará entrenamientos conjuntos con la Fuerza de Defensa del país insular. Según el comunicado oficial, las maniobras están programadas para el 30 de octubre y buscan fortalecer la cooperación en materia de seguridad regional.
“La presencia de las fuerzas militares estadounidenses en Trinidad y Tobago pone de relieve el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional y la cooperación en el Caribe”, señala el comunicado.
Sin embargo, esta colaboración ha generado tensiones diplomáticas. Venezuela acusó al nuevo gobierno trinitense de actuar en beneficio de Washington, mientras que la primera ministra Kamla Persad Bissessar expresó abiertamente su apoyo a las operaciones de Trump.
En los recientes bombardeos estadounidenses habrían fallecido dos ciudadanos trinitenses, aunque las autoridades locales no han confirmado oficialmente las identidades ni los hechos. Los familiares de las presuntas víctimas han solicitado una investigación internacional para esclarecer las circunstancias de su muerte.
Operaciones encubiertas y cuestionamientos legales
Según fuentes cercanas al Pentágono, el expresidente Trump autorizó la semana pasada operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, con el objetivo de desarticular presuntas redes de narcotráfico vinculadas al gobierno de Caracas.
No obstante, expertos en derecho internacional han cuestionado la legalidad de estos ataques, ya que las embarcaciones bombardeadas no habrían sido interceptadas ni se habrían identificado pruebas concluyentes de su relación con el tráfico de drogas.
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El analista político estadounidense Richard L. Adams advirtió que estas operaciones podrían constituir una violación al derecho humanitario internacional, al tratarse de acciones militares sin autorización del Congreso ni de organismos multilaterales como la ONU.
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