Una jueza federal en Boston (Estados Unidos) frenó la revocación del estatus legal de más de 532,000 migrantes beneficiados, en un fallo que representa un nuevo revés para las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
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El programa, implementado en octubre de 2022 por la administración de Joe Biden, permite el ingreso legal y temporal de hasta 30,000 migrantes por mes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, países que atraviesan graves crisis humanitarias. A quienes accedieron al programa se les otorgó permiso de permanencia legal por dos años, con la posibilidad de tramitar autorización de trabajo o procesos migratorios regulares.
En marzo, la Casa Blanca anunció la cancelación del beneficio, con el objetivo de aplicar expulsiones rápidas incluso a personas con estatus legal vigente. Sin embargo, la jueza federal rechazó esta interpretación, indicando que la ley solo permite la deportación acelerada de personas sin documentos o que hayan ingresado ilegalmente.
“El gobierno actuó bajo una lectura errónea de la ley migratoria”, señaló la magistrada en el fallo.
La medida de Trump buscaba dejar sin efecto el parole a partir del 24 de abril, lo que habría dejado a miles de personas en riesgo de deportación inmediata, pese a tener autorización legal vigente.
Este fallo se suma a otras decisiones judiciales que han bloqueado los intentos del gobierno republicano de endurecer la política migratoria, en medio de una serie de medidas anunciadas durante la campaña electoral. Trump ha reiterado que planea deportar a millones de migrantes si logra permanecer en la Casa Blanca.
El futuro del programa de parole humanitario, que ha permitido a cientos de miles de migrantes entrar legalmente a EE.UU. y buscar estabilidad, ahora dependerá de las próximas batallas legales y decisiones en cortes superiores.
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