Una jueza federal en Estados Unidos frenó este domingo, de manera temporal, los planes del Gobierno de Donald Trump para deportar a un grupo de niños migrantes guatemaltecos que llegaron solos al país y permanecen bajo custodia de las autoridades.
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La magistrada del distrito de Columbia, Sparkle L. Sooknanan, ordenó al Ejecutivo suspender por dos semanas la repatriación de diez menores de entre 10 y 16 años, tras una solicitud de emergencia presentada por el Centro Nacional de Derecho Migratorio.
Argumentos de la defensa
Los abogados denunciaron que la Administración habría violado el debido proceso, ya que los menores tienen casos pendientes ante tribunales de inmigración, además de ignorar las protecciones especiales que la ley concede a los niños no acompañados que cruzan la frontera.
Según la cadena CNN, estos diez menores forman parte de cientos de niños guatemaltecos bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que el Gobierno estaría intentando devolver a su país de origen.
Repatriación o deportación
La Administración Trump ha descrito el procedimiento como “repatriación voluntaria”, lo que implicaría que los menores aceptan regresar a su país. Sin embargo, diversas organizaciones cuestionan que los niños comprendan plenamente el alcance de esa decisión, lo que en la práctica podría equivaler a una deportación forzosa.
Incluso, los albergues que acogen a estos menores ya habían recibido la instrucción de prepararlos para su salida del país. La jueza fijó una audiencia adicional para evaluar el caso en detalle.
Contexto: menores migrantes en EE. UU.
De acuerdo con la Oficina de la Administración para Niños y Familias, en julio de este año había 2.198 menores no acompañados bajo custodia en Estados Unidos, aunque sin detallar nacionalidades. La mayoría provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, según la ONG Save The Children.
El caso se suma a la controversia en torno al Acuerdo Flores, firmado en 1997, que impide retener a menores migrantes en centros de detención por más de 20 días y obliga a garantizar su seguridad y bienestar, un marco legal que el Gobierno de Trump buscó modificar sin éxito.
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