El juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, decidió enviar el caso a juicio ante un jurado popular tras concluir que existen indicios racionales y fundados de malversación de fondos públicos.
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Según el magistrado, una funcionaria contratada por la Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez, habría trabajado para Gómez en actividades privadas, lo que constituiría un uso indebido de recursos estatales. En la acusación también figura Francisco Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid, quien habría participado en la contratación de Álvarez.
Decisión judicial y reacciones
El juez cerró la etapa de investigación y notificará a Gómez, Álvarez y Aguirre sobre el paso del proceso a juicio. No obstante, la resolución puede ser apelada, por lo que aún no es definitiva.
El pasado 10 de septiembre, Begoña Gómez declaró ante el magistrado y negó categóricamente haber usado a la funcionaria en beneficio propio. Reconoció que en ocasiones pidió a Álvarez enviar mensajes, pero insistió en que jamás la involucró en actividades profesionales privadas.
El caso incrementa la presión política sobre Pedro Sánchez, a quien la oposición exige su renuncia. Además, se suma a otras investigaciones que rodean a su entorno cercano, incluidos excolaboradores y familiares vinculados a presuntos sobornos y corrupción.
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