El Gobierno de España pondrá en marcha de forma inmediata las nueve medidas anunciadas por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en respuesta a lo que calificó como un “genocidio” y un “exterminio” del pueblo palestino en Gaza. Estas acciones incluyen la consolidación del embargo de armas y la aplicación de restricciones económicas con el fin de incrementar la presión internacional sobre Israel.
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Embargo de armas y sanciones económicas
Entre las disposiciones más destacadas figura la prohibición total de comercio de armas y munición con Israel. Esta medida será recogida en un real decreto ley que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes y que, posteriormente, deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados.
El Ejecutivo español subrayó que estas decisiones forman parte de una política de “responsabilidad internacional” y que buscan frenar la escalada bélica en la Franja de Gaza. La estrategia se suma a las presiones diplomáticas y económicas que diferentes países y organismos multilaterales vienen aplicando en los últimos meses.
Contexto internacional y acusaciones de genocidio
La comunidad internacional ha intensificado sus críticas contra Israel por la ofensiva militar en Gaza, desencadenada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Según cifras de agencias de la ONU y organizaciones humanitarias, más de 60 000 personas han muerto en el enclave, de las cuales más de 18 000 eran niños.
Además, se denuncia que el bloqueo y la destrucción de infraestructuras básicas han generado una hambruna en el norte de Gaza, provocando la muerte de cientos de civiles por falta de alimentos y asistencia médica.
Diversos países, junto con organismos internacionales, consideran que la operación israelí constituye un crimen de genocidio y han reclamado a Tel Aviv el cese inmediato de los ataques.
España y su posición frente a Israel
Con estas medidas, España refuerza su posición como uno de los Estados europeos más críticos con la ofensiva israelí. Pedro Sánchez ha reiterado que el objetivo es “poner fin a la violencia indiscriminada contra la población palestina” y abrir camino hacia una solución política que reconozca los derechos del pueblo palestino y garantice la seguridad en la región.
La decisión del Ejecutivo español marca un giro en la política exterior al priorizar un enfoque más firme en defensa de los derechos humanos y en línea con los llamamientos de Naciones Unidas.
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