La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el jueves 26 de marzo de 2026 una reforma que introduce la pena de prisión perpetua para menores de 18 años responsables de delitos graves como homicidio, violación y terrorismo. La medida se enmarca en el endurecimiento de la política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, cuya estrategia contra las pandillas cumple cuatro años.
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La modificación a la Ley Penal Juvenil incorpora la cadena perpetua dentro de un régimen excepcional para menores en conflicto con la ley penal y elimina el procedimiento especial juvenil para estos delitos. No obstante, la normativa establece revisiones periódicas de las condenas con el objetivo de evaluar el nivel de rehabilitación y el riesgo del condenado, lo que podría derivar en un régimen de libertad controlada.
Esta decisión se produce después de que el Parlamento ratificara, el 17 de marzo, una reforma constitucional que habilita la prisión perpetua exclusivamente para quienes cometan homicidios, violaciones o actos de terrorismo. La iniciativa recibió un amplio respaldo legislativo, con 58 votos a favor de los 60 diputados.
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El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defendió la medida señalando que busca garantizar que los responsables de estos delitos no vuelvan a delinquir. En contraste, el diputado Francisco Lira expresó preocupación por posibles vulneraciones al debido proceso, al afirmar que personas sin vínculos con pandillas continúan esperando juicios justos.
La reforma también otorga competencia exclusiva a los juzgados de lo Criminal para procesar tanto a adultos como a menores en casos que impliquen prisión perpetua. Estos tribunales serán responsables de revisar las condenas: en el caso de menores, tras 25 años de prisión, y en adultos, entre los 30 y 40 años.
Hasta ahora, la legislación salvadoreña establecía un máximo de 60 años de cárcel, con posibilidad de reducción de pena por buena conducta. Paralelamente, el Parlamento prorrogó por 30 días más el régimen de excepción, vigente desde hace cuatro años, que permite detenciones sin orden judicial como parte de la lucha contra las pandillas.
Según datos oficiales, más de 91.000 presuntos pandilleros han sido detenidos bajo este régimen, mientras que alrededor de 8.000 personas han sido liberadas tras comprobarse su inocencia. Organizaciones de derechos humanos, por su parte, sostienen que aún hay personas inocentes detenidas.
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