El presidente Donald Trump volvió a desatar controversia este domingo al calificar varias ciudades gobernadas por demócratas, entre ellas Chicago, como “zonas de guerra”. La medida busca justificar el despliegue de tropas federales en distintas regiones del país, pese a la oposición de las autoridades locales y a recientes fallos judiciales que limitan el uso del ejército en asuntos internos.
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Trump ordena el envío de tropas a Chicago
Durante la noche del sábado, Donald Trump autorizó el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos. La orden fue emitida pese al rechazo de funcionarios locales, incluido el gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, quien calificó la decisión como una intromisión injustificada del gobierno federal en asuntos estatales.
“Quieren crear la zona de guerra para poder enviar aún más tropas. Tienen que largarse de aquí cuanto antes”, declaró Pritzker en el programa State of the Union de CNN, en respuesta a la iniciativa presidencial.
Chicago bajo la lupa: “una zona de guerra”
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida en Fox News y describió a Chicago como “una zona de guerra”, citando el incremento de delitos violentos y tiroteos. Según Noem, la intervención de la Guardia Nacional busca restaurar el orden y proteger la seguridad de los ciudadanos.
Sin embargo, la narrativa de “zona de guerra” ha sido duramente criticada por analistas y opositores, quienes acusan al gobierno de Donald Trump de utilizar un discurso de miedo para fortalecer su imagen de autoridad y justificar el uso de la fuerza en territorio estadounidense.
La oposición acusa a Trump de actuar con autoritarismo
El Partido Demócrata ha denunciado que el presidente está ejerciendo el poder de manera autoritaria y politizando la seguridad interna. Los opositores sostienen que Trump está intentando convertir los conflictos urbanos en un argumento electoral, especialmente en ciudades que tradicionalmente votan en contra del Partido Republicano.
En una encuesta publicada por CBS, el 58% de los estadounidenses se mostró en desacuerdo con el despliegue de la Guardia Nacional en las ciudades, mientras que solo un 42% apoyó la medida. A pesar de esta desaprobación, el presidente insistió en que continuará con su “campaña de ley y orden”.
Portland: la justicia bloquea la orden de Trump
La ofensiva de Donald Trump se topó con un obstáculo legal en Portland, Oregón, donde una jueza federal bloqueó temporalmente la orden presidencial para desplegar tropas. La magistrada Karin Immergut argumentó que el despliegue militar en la ciudad carece de fundamentos legales y viola principios constitucionales.
“Esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial”, escribió Immergut en su fallo, destacando que la Casa Blanca no ha demostrado la existencia de una amenaza organizada que justifique la intervención militar. Trump había calificado a Portland como una “ciudad devastada por la guerra”, afirmación que la jueza consideró “sin sustento fáctico”.
Retórica de guerra y tensión política
Durante una conferencia de prensa, Donald Trump volvió a insistir en que “Portland está en llamas” y que “hay insurrectos por todas partes”, sin aportar pruebas. La declaración fue respaldada por Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara de Representantes, quien afirmó que las tropas desplegadas en Washington D.C. estaban respondiendo a una “zona de guerra literal”.
Estas afirmaciones alimentan una creciente tensión entre el gobierno federal y las administraciones demócratas locales, que acusan al presidente de crear una crisis política para justificar medidas de fuerza. Para los críticos, el discurso de Trump sobre “la guerra interna” busca reforzar su base conservadora y proyectar una imagen de control en un año electoral.
Rechazo judicial y denuncias de “insurrección legal”
Tras el fallo judicial que bloqueó el despliegue en Portland, uno de los asesores más cercanos de Trump, Stephen Miller, calificó la decisión como una “insurrección legal”. Según Miller, los tribunales están obstaculizando el trabajo del presidente para garantizar la seguridad nacional, aunque expertos en derecho constitucional sostienen que la Casa Blanca está excediendo sus competencias.
La jueza Immergut, en su resolución, subrayó que los incidentes violentos en Portland y otras ciudades son aislados y no justifican la intervención militar. “El uso de la fuerza federal debe ser el último recurso, no una herramienta política”, concluyó.
Tiroteo y tensión en Chicago
El clima de tensión en Chicago se agravó el sábado cuando un agente federal disparó contra un automovilista que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), embistió una patrulla mientras portaba un arma. El incidente se suma a una serie de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha intensificado su presencia en ciudades demócratas con el objetivo de frenar la inmigración irregular y el crimen organizado.
Semanas atrás, agentes del ICE abatieron a Silverio Villegas González, un inmigrante de 38 años que habría intentado huir de un control vehicular. Estos episodios han desatado protestas y denuncias de abuso de poder por parte de organizaciones civiles y de derechos humanos.
ICE y la expansión del control federal
El ICE, una de las agencias más respaldadas por Donald Trump, ha ampliado sus funciones bajo la actual administración. Sus operaciones, caracterizadas por detenciones y redadas en barrios de mayoría migrante, son vistas por muchos como una herramienta política para reforzar la narrativa de “seguridad nacional”.
Según expertos en políticas públicas, el despliegue simultáneo del ICE y la Guardia Nacional representa una “militarización de la seguridad interna” que recuerda a los estados de excepción. Para el gobierno federal, en cambio, se trata de una medida necesaria para combatir la delincuencia y el caos urbano.
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