El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, amplió este jueves el estado de excepción decretado hace dos días ante las crecientes protestas contra la eliminación del subsidio al diésel. La medida incluye un toque de queda nocturno en cinco provincias, en medio de la tensión social que atraviesa el país.
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Provincias bajo estado de excepción
El Decreto Ejecutivo 146, emitido en la noche del jueves, sumó a la provincia andina de Chimborazo dentro del estado de excepción que ya regía en Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, bajo la figura de “grave conmoción interna”.
En paralelo, el Gobierno estableció un toque de queda entre las 22:00 y las 05:00 horas en Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo. Durante ese horario, las personas que circulen sin autorización podrán ser detenidas.
Toque de queda y excepciones
De acuerdo con el decreto, estarán exentos del toque de queda los trabajadores de salud, servicios de emergencia, policías, militares, funcionarios de determinados ministerios, transportistas, personas que deban tomar vuelos y quienes desempeñen actividades esenciales para el abastecimiento de la cadena productiva.
Asimismo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedaron autorizadas para realizar controles e identificar a los ciudadanos que incumplan la normativa.
El detonante: el subsidio al diésel
La crisis social se intensificó luego de que el Gobierno de Noboa anunciara el retiro del subsidio al diésel el pasado viernes. La decisión elevó de manera inmediata el precio del combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón, generando rechazo en sectores sociales y económicos que dependen del transporte.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) respondió convocando a un paro nacional indefinido, que ha derivado en bloqueos de vías y manifestaciones en distintas regiones del país.
Justificación del Gobierno
En el decreto, Noboa argumentó que la obstaculización de vías principales está “impidiendo el libre tránsito de personas y vehículos, afectando garantías, libertades y derechos de los ciudadanos, así como el normal desenvolvimiento de sus actividades personales, económicas, comerciales y laborales”.
Si bien el Ejecutivo aseguró respetar el derecho a la protesta pacífica, señaló que las acciones registradas entre el 13 y 18 de septiembre han sobrepasado los límites al afectar directamente a la vida cotidiana y la economía nacional.
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