Una coalición de 20 fiscales generales estatales presentó este miércoles una demanda contra el Gobierno del expresidente Donald Trump, tras la eliminación del programa federal BRIC (Construcción de Infraestructura y Comunidades Resilientes), gestionado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), y que destinaba miles de millones de dólares a proyectos de mitigación de desastres naturales.
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La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Massachusetts, con el objetivo de revertir la decisión de la administración Trump, la cual —según los demandantes— deja a cientos de comunidades vulnerables sin recursos para enfrentar riesgos como huracanes, incendios forestales, inundaciones y terremotos.
Estados denuncian recorte “ilegal” y perjudicial para la seguridad pública
Los fiscales sostienen que la cancelación del programa BRIC fue ilegal, ya que contradice la voluntad del Congreso de mantener su financiamiento activo, en clara violación de la Constitución de Estados Unidos.
“Esta decisión pone en peligro vidas. Comunidades enteras están viéndose obligadas a suspender o cancelar proyectos esenciales de prevención de desastres”, señala la demanda.
El programa BRIC fue creado bajo la administración de Bill Clinton y ha contado con apoyo bipartidista por más de 30 años. Según los estados demandantes, su eliminación afecta gravemente a las zonas de mayor riesgo.
California y Texas, entre los más afectados
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó el recorte como un acto “indiscriminado” que pone en riesgo la seguridad pública. “El estado de California es altamente vulnerable a terremotos, incendios e inundaciones. Este recorte debilita nuestro trabajo de mitigación”, expresó en un comunicado.
Por su parte, la fiscal de Arizona, Kris Mayes, acusó a la administración Trump de mantener una “hostilidad abierta” contra los estados al negarles asistencia en materia de desastres naturales.
La demanda se presentó apenas días después de las intensas lluvias en Texas, que causaron más de 130 muertes y dejaron a más de 100 personas desaparecidas durante el feriado del 4 de julio. El condado de Kerr, una de las zonas más golpeadas, enfrentó serias dificultades por falta de fondos para emitir alertas de emergencia.
Trump defiende recorte a fondos de FEMA
Desde la Casa Blanca, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la decisión señalando que la administración buscaba “empoderar a los gobiernos estatales y locales” para que manejen sus propias respuestas ante emergencias.
La acción legal está respaldada por California, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin.
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