El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción en siete provincias del país el 16 de septiembre de 2025, en respuesta a las manifestaciones masivas y bloqueos de carreteras generados por la eliminación del subsidio al diésel. Esta medida, que tendrá una duración de 60 días, busca controlar la grave conmoción interna que se ha extendido por las regiones de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde los transportistas y diversos sectores sociales han expresado su rechazo frontal a la decisión gubernamental que incrementó el precio del galón de diésel de 1,80 a 2,80 dólares.
PUEDES LEER ► “Trump Not Welcome”: Miles de británicos protestan en Londres contra la visita del presidente de Estados Unidos
¿Por qué Daniel Noboa decretó el estado de excepción en Ecuador?
La declaratoria del estado de excepción responde a la «grave conmoción interna» tras las protestas generadas por la eliminación del subsidio al diésel, una medida que ha provocado movilizaciones masivas en múltiples provincias del país. El Decreto Ejecutivo 134 fue emitido como respuesta directa a los bloqueos de vías principales, paralizaciones del transporte de carga pesada y actos de violencia que han dificultado la libre circulación y el normal desarrollo de las actividades económicas en las regiones afectadas.
Desde el lunes se han registrado protestas parciales en Pichincha, Carchi, Azuay e Imbabura, mientras este martes hay bloqueos en el norte de Pichincha y en vías de Carchi, fronteriza con Colombia. La situación se ha intensificado con la participación de estudiantes universitarios, trabajadores organizados por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y transportistas de carga pesada, quienes consideran que la eliminación del subsidio al diésel afectará directamente sus ingresos y la economía familiar.
¿Cuáles son las provincias afectadas por el estado de excepción?
Las provincias bajo estado de excepción son Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo, regiones estratégicas donde se han concentrado las principales manifestaciones y bloqueos de carreteras. Esta decisión también ha implicado la limitación del derecho a la libertad de reunión en estas zonas, otorgando amplias facultades a las fuerzas de seguridad para restablecer el orden público.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, ha sido enfática al señalar que «la violencia y los intentos de desestabilización no serán tolerados», advirtiendo que el gobierno aplicará todo el peso de la ley contra quienes participen en actos vandálicos o bloqueos ilegales de vías. Esta postura firme del ejecutivo marca un contraste notable con las respuestas de gobiernos anteriores que enfrentaron crisis similares.
Impacto económico y social de la eliminación del subsidio al diésel
La eliminación del subsidio al diésel representa un ahorro considerable para las arcas fiscales ecuatorianas, calculado en aproximadamente 424 millones de dólares para 2025. El gobierno estima que el gasto total en subsidios al combustible diésel habría alcanzado los 1.243 millones de dólares este año, una cifra que el ejecutivo considera insostenible para la estabilidad económica del país.
Sin embargo, esta medida ha generado un fuerte impacto social, especialmente entre los transportistas de carga pesada, quienes argumentan que el incremento en el precio del combustible se traducirá inevitablemente en un aumento de los costos de transporte y, por ende, en el precio final de los productos básicos para los consumidores. Para mitigar estos efectos, el gobierno ha anunciado un paquete de compensaciones que incluye bonos y créditos preferenciales, aunque el costo total de estas medidas asciende a 923 millones de dólares.
Antecedentes históricos: una medida postergada por múltiples gobiernos
La eliminación del subsidio al diésel no es una iniciativa nueva en la política ecuatoriana. Los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) enfrentaron violentas protestas por medidas similares, lo que los obligó a retroceder ante la presión social y mantener los subsidios. A diferencia de sus predecesores, Daniel Noboa ha decidido mantener su posición, argumentando que es un paso fundamental para garantizar la disciplina fiscal y redirigir recursos hacia áreas prioritarias.
El análisis de expertos como Luis Córdova sugiere que esta decisión responde a dos factores principales: la necesidad urgente de financiar un presupuesto estatal que enfrenta una brecha superior a los 11.000 millones de dólares, y las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de los acuerdos económicos suscritos con el organismo multilateral.
¿Qué compensaciones ofrece el gobierno ecuatoriano?
El gobierno de Noboa ha diseñado un plan de compensaciones destinado a mitigar el impacto social de la eliminación del subsidio. Entre las medidas anunciadas se encuentran bonos directos para transportistas y productores agropecuarios, créditos a tasas preferenciales para la renovación de flotas vehiculares, y un incremento significativo en el número de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.
Para el año 2026, las proyecciones gubernamentales indican que el ahorro por la eliminación del subsidio superará los 1.100 millones de dólares, considerando que muchas de las compensaciones actuales tienen un carácter temporal. El bono destinado a transportistas, por ejemplo, se otorgará por un período inicial de ocho meses con posibilidad de extensión, mientras que el bono ‘Raíces’ para productores agropecuarios constituye un pago único.
Suscríbete a nuestro RSS